La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional recurrirá antes de que finalice este mes ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, al considerar que este gravamen estatal «invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.»
Tras Consejo de Gobierno regional celebrado esta mañana en Alcobendas, Ayuso ha explicado que la reunión ha servido para aprobar la interposición del recurso y ha anunciado que, previamente, también se solicitará su suspensión cautelar. Ayuso ha criticado que con esto el Gobierno busque «resucitar» el Impuesto de Patrimonio para ir «contra el ahorro y la inversión».
La medida se adoptará, según el Ejecutivo autonómico, «en defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez”.
Para la presidenta regional, “no hay justificación” para crear este tributo “ignorando, además, la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos y en un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica”.
“Todo esto lo está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España”, ha remarcado, destacando que estas inversiones vienen a todo el país y si se van de España, se van a otros lugares del mundo perjudicando a todos. “Se van de Madrid, se van de España y, por tanto, perdemos todos”, ha añadido Díaz Ayuso.
Vulneración de principios constitucionales
El Ejecutivo madrileño considera que tanto el diseño del conocido como Impuesto de Patrimonio Bis como su tramitación vulneran principios básicos recogidos en la Constitución Española. Así, perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de residencia, infringiendo el principio de igualdad porque su objetivo es «dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid».
Además, la Comunidad de Madrid considera que quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022, ya que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- ahora se van a ver obligados a hacerlo.
En cuanto al procedimiento, la Comunidad de Madrid ha recordado que no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado. Considera, así, que el Gobierno central ha obviado las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos.
Por último, el Gobierno regional estima también que se vulnera el principio de lealtad institucional al obligar a las Comunidades Autónomas, sin existir consenso con ellas, saltándose su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Desde el Ejecutivo autonómico han argumentado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde 2008, sin embargo, «el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las autonomías de régimen común, invadiendo la gestión autonómica en la materia».
Asimismo, han señalado que «tanto el diseño del conocido como Impuesto de Patrimonio Bis como su tramitación vulneran principios básicos recogidos en la Constitución Española». Han apuntado a que «perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de su residencia, infringiendo el principio de igualdad porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid».
Además, la Comunidad ha sostenido que «quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022, ya que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar ahora se van a ver obligados a hacerlo».
En cuanto al procedimiento, han hecho hincapié en que «no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado». Considera así que el Gobierno central «ha obviado las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos».
El Gobierno regional ha defendido también que «se vulnera el principio de lealtad institucional al obligar a las comunidades autónomas, sin existir consenso con ellas, saltándose su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».
Por último, la Comunidad ha destacado «la falta de justificación de su creación, ya que no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, en contra de lo que recoge la Constitución Española en relación con la arbitrariedad de los poderes públicos».
Entiende que el Gobierno de España «vuelve a saltarse el ordenamiento jurídico con la aprobación de este impuesto que perjudica especialmente a los madrileños y que supone un atentado contra la gestión que las comunidades realizan en materia financiera, reconocida en la Carta Magna y en la norma que rige la financiación autonómica».
