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La Comunidad de Madrid mantiene su tira y afloja con el Gobierno regional a raíz de la aplicación de las medidas del plan de ahorro energético, que incluye, entre otras medidas, apagar a las 22:00 horas la iluminación de edificios públicos y de escaparates de comercio, algo que, según la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, generará «inseguridad» y espantará al turismo.

En esta ocasión ha sido el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha movido ficha tras anunciar la Comunidad que el asunto podría acabar en el Tribunal Constitucional. Así, ha atribuido a Ayuso un «comportamiento egoísta, insolidario y unilateral» al rechazar aplicar el plan de ahorro energético que aprobó este lunes el Consejo de Ministros, haciendo un llamamiento para que se sume a la «solidaridad» que está reclamando la Unión Europea, y ha advertido que «la ley en España se cumple».

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Así se ha pronunciado Sánchez desde el Palacio de La Almudaina, en Palma de Mallorca, en una intervención ante los medios de comunicación tras su despacho estival con el Rey Felipe VI sobre las criticas de Ayuso a estas medidas, que pasan por apagar la luz de los escaparates y los edificios públicos a partir de las 22.00 horas, entre otros planteamientos.

Sánchez ha querido hacer una valoración a este respecto, y, sin pronunciar el nombre de la mandataria madrileña, ha hecho un «llamamiento» a los partidos políticos y administraciones territoriales para que «huyan de cualquier comportamiento egoísta, insolidario y unilateral», en referencia velada a las criticas de Ayuso.

En concreto, Ayuso reaccionó horas después de conocerse el plan de ahorro energético del Gobierno anunciando que su Ejecutivo no apagará la luz de los edificios públicos ni de los escaparates del comercio exterior porque, a su juicio, esto generará «inseguridad» y espantará «el turismo y el consumo».

Solidarios con Europa

En este punto, Sánchez ha recurrido al acuerdo alcanzado la semana pasada en Bruselas para reducir el consumo de gas, en el caso de España un 7%, para reclamar «solidaridad» a los partidos políticos «de cualquier signo» y a las administraciones territoriales.

«¿No vamos a ser solidarios?», se ha preguntado el jefe del Ejecutivo, que ha asegurado que «esto no va de ideologías ni de partidos políticos, sino de sentido común», insistiendo en que, «cualquier decisión egoísta, insolidaria y unilateral, no representa a la sociedad española».

Por ello, Sánchez ha aprovechado una pregunta de los medios de comunicación sobre posibles sanciones a las comunidades que decidan no aplicarlo, como ha anunciado Ayuso, para recalcar que «la ley en España, se cumple».

«Y más allá de una lectura más jurídica de este plan, es que Europa nos está pidiendo solidaridad (…) y las decisiones egoístas no representan a España», ha proclamado Sánchez, que ha defendido que estas medidas también supondrán un ahorro para las familias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles (Foto: A.M.Vélez/Ep)

«Arrimar el hombro»

En el ring ha entrado también la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha avisado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de que es momento de «arrimar el hombro» y ser «solidarios» frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania y las amenazas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el suministro energético.

En una visita a la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), en la Base Aérea de Torrejón, Robles ha recordado que Europa atraviesa un momento «difícil» y la guerra de Ucrania va a continuar «con toda crudeza». Por ello, cree que no es momento de «políticas partidistas» como las que cree que sugiere Ayuso oponiéndose a las medidas de ahorro energético aprobadas por el Ejecutivo.

«Todos sabemos que Putin apunta medidas serias y es momento de arrimar el hombro», ha insistido apuntando la necesidad de ser «solidarios» con otros países europeos que sufrirán más que España los recortes energéticos.

La ministra ha subrayado que «el invierno va a ser muy duro» y España ya está estudiando también medidas para ayudar a Ucrania, con el envío incluso de material que ayude a soportar las bajas temperaturas.

La consejera Ribera cuestiona las medidas

En este escenario, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha censurado este martes las medidas impulsadas por el Gobierno para el ahorro energético y se ha preguntado si Moncloa ha realizado un estudio de impacto económico de las mismas sobre sectores como el comercio, el turismo o la actividad nocturna.

«El Gobierno de España actúa una vez más en perjuicio de los ciudadanos, que ven como la factura de la luz sigue creciendo y estamos batiendo récord histórico. Pero es que también se hace en contra de la economía española y madrileña», ha lamentado durante una visita a la remodelación que el Ejecutivo regional ha realizado en la Laguna de San Juan, ubicada en el término municipal de Chinchón.

Entre otras cuestiones, la consejera se ha preguntado si Moncloa cuenta con algún estudio sobre el impacto económico que las medidas de ahorro energético pueden tener sobre el comercio, sobre el turismo, sobre la actividad nocturna y, en esta línea, ha recordado que «el comercio y la administración pública solo representan el 13% del consumo de gas en España».

«Necesitamos políticas serias porque la política energética que está desarrollando el Gobierno de España nos lleva a que estemos pagando hoy la factura de la luz más cara, a que la industria haya paralizado ya en parte la producción de sus productos, precisamente por el alto coste de la energía que tenemos en estos momentos», ha añadido.

Los hoteleros, con Ayuso

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha trasladado este martes que teme que las medidas de ahorro energético del Gobierno perjudiquen al turismo y ha tildado la medida de «acelerada e improvisada».

En un comunicado, los hoteleros madrileños coinciden en la importancia del ahorro energético y en que hay que apoyar a Europa y hacer frente a esta crisis, pero «no de una manera tan acelerada y tan improvisada como la que se ha adoptado, ya que esta norma, que estará en vigor hasta noviembre de 2023, concede un plazo de siete días para que los establecimientos se acomoden a las exigencias de control de temperatura y luz».

Desde el punto de vista de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, «no se puede aplicar este plan de la misma manera ni en una ciudad ni en un pueblo, ni en el sector público ni el privado (comercios, hoteles, grandes superficies, cines, teatros, estaciones, aeropuertos, hostelería y centros de distribución)», cuyas circunstancias y necesidades «son muy diferentes».

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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