Encalla el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las CCAA sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) reunía este lunes al Ministerio y a las distintos consejeros de las comunidades autónomas para consensuar un acuerdo, pero este finalmente no ha llegado.
Ante la falta de acuerdo, Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones. De esta manera, en las próximas 48 horas, las CCAA podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.
«Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la salud», ha insistido García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión.
La ministra de Sanidad ha insistido que el uso de la mascarilla es una norma «efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población».
Solo recomendación, no obligación
Si bien el pasado viernes Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de las mascarillas en estos centros, otras CCAA han mostrado su oposición a esta medida, ya que prefieren no pasar de la recomendación.
En este sentido, Sanidad también ha planteado durante el encuentro de esta mañana la necesidad de dar «un soporte jurídico», a través de una declaración de actuación coordinada, a todas aquellas comunidades «de diferentes colores políticos» que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.
En declaraciones a los medios tras el encuentro, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha recalcado que «todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña», han coincidido en recomendar el uso de mascarillas «de forma responsable» en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023.
Falta de criterios técnicos
De igual forma, País Vasco también ha criticado la falta de criterios técnicos de la reunión. Concretamente, ha lamentado que Sanidad «no ha aportado datos sobre incidencia de enfermedades respiratorias ni evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas que ha propuesto», entre las que incluía la «universalización» del uso de mascarillas en centros de salud.
En la misma línea, otros consejeros también han criticado la premura de la convocatoria, «que se hizo el viernes por la tarde», y sin los documentos necesarios «hasta las 10 menos cuarto de hoy, cuando ya estábamos reunidos», y que, en cualquier caso, es una reunión «que llega ya tarde».
Además, tampoco ha gustado el uso de la palabra «colapso» por parte de la ministra, «porque ni una sola de las CCAA presentes ha reconocido que hubiera habido colapso en el sistema sanitario autonómico correspondiente», ante lo que ha afeado que «se lleva a una alarma innecesaria y ni es real ni es verdad».
Una medida «desproporcionada»
En la misma línea, el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ve «desproporcionada» la intención que tenía Sanidad de poner la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias, aunque no se opone a que se aplique en comunidades «que lo precisan». Al igual que sus homólogos, ha reclamado que cualquier medida al respecto se base en «criterios técnicos».
Por otro lado, Baleares no descarta imponer la obligatoriedad del uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimentara un crecimiento en los próximos días o semanas, aunque de momento se mantiene en la recomendación de su uso.
De igual forma, el Gobierno de Navarra aconseja el uso en centros sanitarios (hospitales y centros de salud), sociosanitarios (residencias y centros de atención a personas vulnerables) y para aquellas personas con síntomas respiratorios, en especial si se encuentran en lugares cerrados.