La huelga general del 11 de noviembre ya es oficial. Las organizaciones que la impulsan han registrado este lunes ante el Ministerio de Trabajo la convocatoria de un paro de 24 horas con el que aspiran a forzar un giro en las políticas de vivienda y a lograr subidas salariales que devuelvan poder adquisitivo a la clase trabajadora. El registro llega después de que la semana pasada el acto de conciliación obligatorio entre CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme terminara sin acuerdo.
A las puertas del Ministerio se dieron cita representantes de CCOO, UGT, CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, una alianza poco habitual entre el sindicalismo laboral y el movimiento por la vivienda que marcó el tono de las intervenciones.
Fue precisamente la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, quien abrió el acto subrayando que, cuando la fuerza de las inquilinas organizadas se une a la de los sindicatos, “somos capaces de pararlo todo y cambiarlo todo”, y quien reivindicó el 11N como “una huelga de la gente, de las calles, del pueblo”.
Viviendas, salarios y negociaciación colectiva
La convocatoria formalizada recoge tres objetivos. El primero es hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, para lo cual exige al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que utilicen, cada uno en su ámbito de competencias, los instrumentos legales de que disponen.
El segundo apunta a recuperar el poder adquisitivo de unos salarios que, según el texto, “llevan congelados 25 años en términos reales”, y denuncia tanto las horas extra no pagadas como unos márgenes empresariales históricamente altos.
El tercero reclama a la patronal que retome de inmediato la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el que fija las subidas salariales de referencia para los convenios de los próximos años.
La convocatoria aúne tres objetivos: el derecho a la vivienda, recuperación del poder adquisitivo de los salarios y negociación colectiva.
En esa línea, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, insistieron en pedir incrementos de entre el 4% y el 7% en los convenios, acompañados de una subida del salario mínimo interprofesional de al menos el 7%. Sordo llamó a la participación “en absoluta libertad” con el objetivo de situar “un nuevo sentido común” sobre cómo afrontar el problema de la vivienda, mientras que Álvarez defendió que la movilización estaba en marcha mucho antes de que se convocaran las elecciones.
MATS anima a los sanitarios a secundar la huelga
A la convocatoria se van sumando además adhesiones sectoriales, entre ellas la del Movimiento Asambleario de Trabajadoras-es de Sanidad (MATS), que ha anunciado su apoyo oficial al paro desde la sanidad pública madrileña. El sindicato describe una doble realidad. Por un lado, la precarización de unas plantillas cuyos sueldos no permiten pagar un alquiler ni sostener una hipoteca en la Comunidad de Madrid; y, por otro, el impacto que la crisis de la vivienda tiene en la salud de la población a la que atienden.
Por eso llama a secundar la huelga a todo el personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de las empresas concesionarias y subcontratadas de los centros sanitarios. Sus exigencias incluyen la revalorización real de los salarios, el fin de la precariedad y la aplicación inmediata de la jornada de 35 horas semanales para todas las plantillas, sin distinción de régimen contractual ni de centro.
Por otro lado, el MATS sostiene que la vivienda es un determinante fundamental de la salud y desde la Atención Primaria, las urgencias y los hospitales, asegura el sindicato, se observa un aumento alarmante de cuadros de ansiedad grave, depresión, insomnio y estrés crónico vinculados a la imposibilidad de pagar el alquiler y a la amenaza del desahucio.