El pulso judicial por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid suma un nuevo capítulo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una pieza separada para ejecutar la sentencia que anuló la normativa y ha dado 20 días al Ayuntamiento y al resto de partes para presentar alegaciones, después de que la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) pidiera la nulidad de varias actuaciones municipales.
Qué reclama la asociación de conductores
AEA sostiene que esta actuación judicial busca evitar que los afectados tengan que acudir de forma individual a los tribunales para lograr la anulación de las sanciones impuestas bajo una normativa ya declarada nula. La organización ha vuelto a reclamar al Gobierno municipal la paralización inmediata de los cobros y embargos que, denuncia, la Agencia Tributaria de Madrid continúa ejecutando. Su presidente, Mario Arnaldo, ha señalado que «el Ayuntamiento de Madrid no puede proyectar una imagen de administración tramposa ante los ciudadanos al pretender cobrar de forma ilegítima unas sanciones que la Justicia ya ha declarado nulas de pleno derecho».
Un conflicto que se remonta a 2024
El origen está en septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró la nulidad de varios preceptos esenciales de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulaban las ZBE. El Tribunal Supremo inadmitió después el recurso de casación del Ayuntamiento, dejando firme la resolución. Según AEA, distintos juzgados vienen rechazando la interpretación municipal, que limita los efectos de la nulidad solo a las sanciones impuestas en el Distrito Centro y Plaza Elíptica.
Más de 3,4 millones de multas en juego
La asociación cifra el impacto potencial de estas resoluciones en más de 3,4 millones de expedientes sancionadores, por un importe superior a los 663 millones de euros, correspondientes a denuncias formuladas hasta el 31 de diciembre de 2025. El tribunal deberá determinar ahora cómo debe cumplirse la sentencia mientras siguen llegando resoluciones favorables a los conductores sancionados.