Los Automovilistas Europeos Asociados (AEA) han vuelto a poner en su punto de mira a Madrid Central. Esta asociación ha pedido al Ayuntamiento de Madrid la aprobación de una moratoria de al menos dos años de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
El motivo es claro. Desde la asociación aseguran que, de entrar en vigor la medida, a partir del próximo 1 de enero, «dos de cada tres vehículos que componen el parque madrileño quedaría inhabilitado para circular por la capital«.
En esta línea, ha explicado que ha formulado esta solicitud «al comprobar la magnitud del problema que se va a originar a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos sin etiqueta, según las estimaciones realizadas por esta organización».
Una moratoria de dos años para Madrid Central
Así, ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida que de forma urgente promueva ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la aprobación de una moratoria de al menos dos años para esta nueva medida de Madrid Central. También ha reclamado que «se refuerce y mejore la señalización de acceso a dichas zonas».
«Aunque los vehículos cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en el Consistorio (cerca de 32 millones de euros), pero a partir del próximo 1 de enero no podrá circular, ni siquiera permanecer estacionados, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros», ha criticado AEA.
Asimismo, ha recalcado que «la verdadera dimensión económica y social de esta prohibición no fue prevista en su día en el proceso de elaboración y aprobación de la Ordenanza de Movilidad» que dio pie a la Zona de Bajas Emisiones.
Uno de cada tres madrileños afectados
«La normativa municipal no cumple con el principio de proporcionalidad al que debe vincularse la actividad administrativa restrictiva de derechos«, han insistido desde la asociación, que reiteran que uno de cada tres madrileños podrían verse afectados por esta nueva restricción de Madrid Central.
Según sus cifras, la medida afecta a uno de cada tres madrileños (1.189.607 frente a 3.460.491) y a dos de cada tres vehículos que componen el parque automóvil madrileño, cuyo valor económico es superior a los 5.200 millones de euros, que «tendrían que asumir los ciudadanos sin contraprestación ni justiprecio alguno».
«Tampoco se tuvo en consideración la pérdida de ingresos de cerca de 32 millones para las arcas municipales en concepto de IVTM, dado que aunque no se modificara la correspondiente ordenanza fiscal, no se pueden cobrar impuestos sobre vehículos que no pueden circular por Madrid, aunque sigan dados de alta en Tráfico, conforme establece al Art. 6 de la Ley de Haciendas Locales», ha detallado.
El Ayuntamiento no dará una moratoria
Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que no dará una moratoria y ha acusado a Automovilistas Europeos Asociados (AEA) de proporcionar unos datos sobre número de vehículos sin etiquetas «que no son reales».
Así lo ha indicado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien ha recordado que Madrid 360 y esa ordenanza y toda la Estrategia se aprobó en el año 2019. «Llevamos desde entonces explicando las distintas medidas que iban a ir entrando en marcha».
Sanz ha recordado que «el Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 100 millones de euros en ayudas para cambio de vehículos de todo tipo, particulares muchos de ellos». «Y todo esto tenía un calendario que estaba perfectamente explicitado y que era conocido desde el inicio porque así está recogido en esa normativa y en esa estrategia Madrid 360», ha señalado.
La también delegada de Seguridad y Emergencias ha indicado que esa estrategia es la ha permitido a la capital durante los últimos años cumplir con el límite de emisiones contaminantes fijado por la Unión Europea «y con la calidad del aire que Madrid nunca había tenido».