La Asociación de Vecinos de Montecarmelo volverá a exigir mañana miércoles la paralización de las obras y trabajos previstos en la parcela donde se proyecta el futuro cantón de limpieza. La protesta se llevará a cabo durante el Pleno de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, sesión que comenzará a las 18.30 horas.
La propuesta plantea instar al Ayuntamiento a que «se paralicen las obras y actuaciones» en la zona de Montecarmelo «hasta que se cumpla con la legalidad y con la sentencia 118/2025 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid».
Por todo ello, la plataforma No al cantón de Montecarmelo ha convocado a los residentes a concentrarse este miércoles, entre las 17.00 y las 19.00 horas frente a la Junta de Distrito, animando a «no quedarse de brazos cruzados» y mostrar su rechazo al proyecto.
No será la única movilización: la asociación ha anunciado una manifestación para el domingo a las 11:30 horas, denunciando el «atropello» del alcalde José Luis Martínez-Almeida y del delegado Borja Carabante, a quienes acusan de «desafiar al juez y destruir un parque por un megacantón». La marcha comenzará en la entrada del barrio, bajo la bandera de España.
En la propia sesión del Pleno también se debatirá sobre esta cuestión. Vox pedirá explicaciones sobre si el vallado perimetral y los movimientos de tierra en la parcela responden a la fase previa de las obras. En la misma línea, el PSOE preguntará al concejal-presidente, José Antonio Martínez Páramo, si estos trabajos suponen un «más que probable inicio» del cantón pese a existir una sentencia contraria a su construcción.
Maquinaria trabajando y nuevos vallados
Desde finales de agosto, se han colocado vallas alrededor de la parcela. El Ayuntamiento sostiene que «no implican el inicio de obras» y recuerda que el terreno es patrimonio municipal del suelo y «no forma parte de una zona verde». Sin embargo, la asociación vecinal insiste en que la sentencia judicial anuló la ubicación por la falta de una evaluación ambiental.
En abril, la vicealcaldesa Inma Sanz afirmó que «la sentencia entiende que sería necesario un informe de evaluación ambiental«, pero defendió que desde el Consistorio no lo consideran imprescindible. Ese mismo mes, varios vecinos denunciaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente la retirada de árboles en la parcela, al entender que podía constituir un delito de prevaricación.
La Fiscalía archivó esa denuncia en mayo al considerar que el Ayuntamiento cumplió la normativa de protección del arbolado. Aun así, la Plataforma de Afectados mantiene otra denuncia en Plaza Castilla por presuntos delitos medioambientales, prevaricación y malversación, pendiente de resolución judicial.
En julio, los vecinos presentaron un informe que apuntaba a “deficiencias” en la tala realizada en abril. Según sus datos, de los 207 árboles afectados, tres meses después habían muerto 174, lo que supone un 84%.
