El Ayuntamiento de Madrid ha activado un plan de acción para «ordenar» las viviendas de uso turístico (VUT). Sus dos principales puntos son la congelación de la concesión de licencias hasta que se apruebe la modificación de la normativa y el endurecimiento de las sanciones contra los pisos turísticos ilegales. La primera multa firme pasa de 1.000 euros actuales a 30.000.
Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, explicando que la medida tiene «efectos inmediatos» y que empieza a ejecutarse «a partir de este momento».
El objetivo es «afrontar este fenómeno que tiene múltiples perspectivas en la ciudad,» pero que lo que pretende es conciliar el mejor descanso y la tranquilidad de los vecinos de la ciudad de Madrid, «sin ignorar obviamente» al sector turístico, ha recalcado el alcalde.
La pausa en la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos será «mientras dure el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la modificación de Plan General para abordar este fenómeno en la ciudad de Madrid».
Sanciones que pasan de los 1.000 a los 30.000 euros para viviendas de uso turístico ilegales
Junto a la congelación en nuevas licencias, el Ayuntamiento de Madrid va a endurecer las sanciones para los pisos de uso turístico que no cumplan con la normativa. Las viviendas ilegales se pueden enfrentar a 30.000 euros de multa en caso de incumplimiento del primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad.
Con el nuevo plan de acción, la segunda sanción firme alcanza los 60.001 euros si continúa la actividad irregular y los 100.001 si persiste el funcionamiento en la tercera sanción firme.
A partir de ahora, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifique que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actuará al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). La legislación autonómica tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística.
Las sanciones son acumulativas en caso de que se mantenga el quebrantamiento de la ley «pudiendo llegar a acumular 190.000 euros en sanciones», ha calculado el alcalde en rueda de prensa, respaldado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
«Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico», ha alegado el regidor.
Además, ha informado de que se va a incrementar en un 15% la plantilla de inspectores que hay en el área de Urbanismo para poder «perseguir a las viviendas de uso turístico que no cumplan con los requisitos de legalidad en la ciudad».
