El juez Adolfo Carretero interroga hoy al comisionista Alberto Luceño por presuntamente defraudar 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública y manipular documentos oficiales. Entre la documentación manipulada se encontró una carta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Luceño comparecerá a las 10:30 horas ante el juez que instruye el caso de las mascarillas por la presunta comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública y por otro de falsedad en documento oficial. La declaración se realiza después de que el juez haya ampliado la investigación contra él ante nuevos indicios delictivos plasmados en diferentes informes de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.
El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.
Manipulación de documentos oficiales
En el auto, el instructor detallaba un informe de la Agencia Tributaria elaborado tras una inspección de Hacienda que indicaba que el investigado había dejado de ingresar 1,3 millones de euros a las arcas públicas en relación al IRPF del año 2020.
En relación a la cuestión de la falsedad en documento oficial, el juez esgrime que la imputación se basa en un informe de la Policía Nacional que apuntaba a la manipulación de varios documentos oficiales hallados en los registros practicados el pasado mes de septiembre en su vivienda y en la sede de su empresa.
Entre estos documentos manipulados, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de la carta firmada por el alcalde, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para así facilitar que cerrara los contratos en China. Existían múltiples versiones de esta misma misiva, «llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social».
El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en la vivienda de Luceño una placa en la que ponía «agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)» y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.
El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento. Anticorrupción sospechaba que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.
