El juez Adolfo Carretero, magistrado responsable del conocido como ‘caso mascarillas’, ha rechazado la petición del empresario malasio San Chin Choon de declarar por videoconferencia. La comparecencia del empresario desde Malasia se ha denegado por falta de garantías procesales internacionales y de legalidad. El juez no desestima, además, una posible imputación del testigo.

El testimonio de este empresario es clave en la investigación al ser el proveedor del material sanitario que Luis Medina y Alberto Luceño vendieron al Ayuntamiento de Madrid por casi 11 millones de euros, de los que seis millones acabaron en manos de los comisionistas. Los investigados declararon que eran agentes exclusivos de Leno, la empresa de San Chin Choon.

Juzgados de Plaza Castilla – Fotografía EP

El magistrado ha recordado en el auto que «no hay tratado internacional con Malasia para ello, ni existe reciprocidad con este país», indicando que «los convenios internacionales sólo contemplan esa posibilidad en material civil y mercantil, siendo una prueba irregular». El juez incide, además, en que tampoco se descarta una posible imputación del testigo «como cooperador necesario en la estafa, por lo que recalca que se precisa «la más absoluta inmediación, a fin de que pueda ser perfectamente identificado por la Policía española y responda ante las partes y el Ministerio Fiscal y este instructor con intérpretes de chino oficiales reconocidos por la Comunidad de Madrid para que sus respuestas resulten claras».

En su texto, el juez recrimina que «el supuesto San Chin Choon no quiera colaborar con la Justicia en un primer momento, luego mande correos en distintas fechas, con inicio a finales del mes de julio de 2022 y ahora quiera declarar mediante videoconferencia, cuando está avanzada la instrucción y puede conocer las declaraciones de los investigados y de los testigos» y tampoco entiende los motivos profesionales que aduce para no viajar a España «máxime cuando dice que es un empresario solvente».

Recalca que cabe la posibilidad de que el citado testigo sea imputado en cualquier momento de su declaración como cooperador necesario o cómplice de los investigados en el delito de estafa, «dificultando la lejanía de Malasia y la falta de tratados y reciprocidad con este país las futuras comunicaciones con el testigo si fuera imputado».

Asimismo, el instructor acuerda librar oficio al Servicio de logística y Actos en vía pública del Ayuntamiento de Madrid, para que entregue un número suficiente de mascarillas que fueron adquiridas a Leno para que la entidad de certificación Aenor pueda practicar un análisis de su calidad.

Estafa agravada al Ayuntamiento

El juez también ha denegado diligencias de prueba solicitadas por el PSOE y Grupo Municipal Socialista en relación a la intervención de correos electrónicos de la entonces responsable de Compras y actual coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado.

En este sentido, el magistrado insiste en que los delitos que se están investigando son una estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid y a la Funeraria Municipal, que tienen calidad de perjudicados. El juez señala, asimismo, que ningún funcionario o gestor ha sido imputado hasta el momento por lo que «no tienen por qué ser objeto de diligencias como si fuesen imputados, en una especie de investigación prospectiva para ver si algún funcionario o gestor del Ayuntamiento fuese cómplice o cooperador necesario en la estafa, o hubiera cometido una malversación de fondos públicos dolosos, pues como ya ha dicho este Instructor en otras resoluciones, la malversación imprudente está despenalizada».

Los delitos que se investigan son una estafa agravada en concurso con falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes imputados a los investigados Luis Medina y Alberto Luceño.

Luis Medina, investigado por el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid (Foto: J.Velasco/Ep)

Al igual que sostiene el fiscal, subraya que «la mala gestión de este asunto en la ejecución de estos contratos, sin duda puede tener un gran interés político, e incluso generar alguna responsabilidad política, pero ello es ajeno al proceso penal, sin perjuicio de que los perjudicados ya han aportado a juicio de esta instrucción la documentación esencial requerida».

Por tanto, insiste en que no es «necesaria más documentación para acreditar el engaño que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la venta de un material sanitario a un precio exorbitado en plena época de la pandemia Covid».


Olga Martín

Periodista especializada en el ámbito digital. Cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional como redactora en diferentes periódicos, agencias de noticias y cadenas radiofónicas, aunque en...

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