El pulso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Madrid por el futuro de Casa Árabe ha entrado en una fase de choque directo. Otro más que se une al de Ceuta, entre responsables políticos de la región madrileña y el Gobierno Central.
El plazo fijado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para que la institución abandonara el edificio de las Escuelas Aguirre venció el 1 de septiembre sin que se produjera el desalojo, y el regidor madrileño respondió acusando al departamento que dirige José Manuel Albares de mantener una «ocupación ilegal» de la sede.
Fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press han rechazado con rotundidad esa versión. «Es falso que se esté ‘ocupando’ la Casa Árabe, como de manera insidiosa afirma el alcalde», han sostenido, en una respuesta que eleva el tono de un conflicto que se arrastra desde junio.
Almeida ha ido más allá al denunciar que Exteriores está bloqueando la convocatoria del Consejo Rector del consorcio —del que forma parte el Ayuntamiento— para tratar precisamente la necesidad de desalojar el edificio. Con ello alega que el Consistorio cuenta con «la mayoría de la potestad» dentro de ese órgano.
Un consorcio con cinco socios y una salida pendiente
Casa Árabe no depende en exclusiva de Exteriores. La institución se sostiene sobre un consorcio integrado también por la Comunidad de Madrid, el propio Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, y cuenta hasta ahora con dos sedes. La principal se encuentra en Madrid, propiedad municipal, y otra en Córdoba.
La Casa Árabe se ha convertido en un nuevo enfrentamiento que involucra al Gobierno Central y a los responsables políticos de Madrid.
Desde el Ministerio defienden que el marco legal no permite al Ayuntamiento retirar unilateralmente su aportación —el edificio— salvo que se produzca antes la salida de otro socio del consorcio. Y ahí introducen un matiz relevante para entender el bloqueo. Y es que la retirada de la Comunidad de Madrid, anunciada meses atrás, «aún no se ha sustanciado, ni liquidado sus haberes». Precisamente, este es un trámite que corresponde resolver precisamente en el Consejo Rector cuya convocatoria está en disputa.
Contactos que no han destrabado el conflicto
Exteriores insiste en que no ha habido silencio institucional. Citan una llamada de Albares a Almeida el 27 de julio, en la que ambos «acordaron seguir dialogando para encontrar una solución». También que habría reuniones técnicas mantenidas tres días después entre el subsecretario y el director de gabinete del Ministerio con altos responsables municipales. Ese diálogo, sin embargo, no ha evitado que el conflicto llegue ahora a un choque público entre ambas administraciones.
El Ministerio ha aprovechado además para reivindicar la relevancia de la institución, respaldada, según defienden, por embajadores árabes y por el propio alumnado. Y ha alertado del «perjuicio en términos de imagen internacional» que supondría su cierre. Las fuentes consultadas llegan a acusar al Consistorio de buscar dañar con sus «declaraciones insidiosas» unas relaciones diplomáticas con los países árabes que, sostienen, «atraviesan su mejor momento histórico».
El edificio sigue abierto, sin atención al público
Sobre el terreno, Europa Press ha podido constatar que la sede de Casa Árabe permanece abierta, aunque sin atención al público. Los trabajadores de la institución no han recibido, por el momento, ninguna comunicación oficial sobre su futuro ni sobre un eventual traslado a otro edificio, y continúan desarrollando su actividad en teletrabajo.
El anuncio del desalojo ha generado una respuesta activa entre alumnos y simpatizantes de la institución, movilizados en las últimas semanas bajo el lema «Casa Árabe no se toca». Ayer tarde se produjo una protesta, porque para los estudiantes, lo que está en juego trasciende la oferta formativa.
Reivindican Casa Árabe como un centro cultural, académico y diplomático que ha vertebrado durante años el vínculo entre España y el mundo árabe desde su instalación en el edificio en 2008, cuando Almeida anunció en junio la intención municipal de recuperar el inmueble para otros usos.