El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso que interpuso el Ayuntamiento de Madrid ante la decisión de la Justicia de anular la moratoria aprobada en el Consistorio para que las furgonetas con etiqueta B pudieran entrar en el centro de la capital. Para llevar a cabo esta moratoria, el Ayuntamiento incluyó ese movimiento en la ordenanza de Limpieza en lugar de en la de Movilidad y ahora esta modificación ha sido rechazada por el Alto Tribunal.
Con esta sentencia el TS da la razón al Grupo Municipal Socialista, partido que presentó un recurso ante la decisión del Ayuntamiento madrileño.
El 20 de diciembre de 2022, el entonces Gobierno municipal, formado por PP y CS, aprobaba con el apoyo de Vox en el Pleno de Cibeles la moratoria para que los vehículos de mercancías de menos de 3.500 kilos (furgonetas) con etiqueta B pudieran acceder a la zona de bajas emisiones (ZBE) del distrito Centro durante todo 2023. El Grupo Mixto, PSOE y Más Madrid votaron en contra.
La moratoria salió adelante gracias a la inclusión de este tema en la ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular para modificar una disposición transitoria. La izquierda en bloque anunció que acudirían a los tribunales.
Pago de costas tras la anulación de la moratoria a furgonetas B para entrar a Madrid centro
En el fallo del Supremo, conocido ahora y fechado el pasado 11 de diciembre, alegan la «falta de justificación», dado que la modificación introducida por la ordenanza de Limpieza fue de carácter «esencial» y «no hubo posibilidad alguna para los potenciales interesados de realizar alegaciones al introducirse ex novo vía enmienda y no guardar relación alguna con el proyecto en el que se insertó, existiendo consiguientemente un desajuste entre la razón de decidir de la sentencia, las infracciones aducidas y los motivos de interés casacional alegados».
El Tribunal Supremo suma a ello que «no se ha fundamentado suficientemente que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional». «Nada explica la parte recurrente (el Ayuntamiento) sobre su trascendencia ni sobre la relevancia social y jurídica de los aspectos de la ordenanza que se han declarado nulos, pese a que habría sido necesaria tal argumentación visto que afecta a una norma transitoria que regulaba los requisitos ambientales para el acceso a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro hasta el 31 de diciembre de 2023 y cuyo periodo de vigencia, por tanto, se habría ya agotado», indican.
El Supremo impone el pago de costas al Ayuntamiento en un límite máximo de 2.000 euros. Contra esta resolución no cabe recurso.
«Nueva chapuza normativa del Gobierno de Almeida»
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha puesto sobre la mesa hoy este sentencia destacando que «los tribunales han vuelto a dar la razón al PSOE» y han confirmado que “una de las señas de identidad del Gobierno de Almeida son las chapuzas normativas”.
Hace dos años, el Grupo Socialista presentó un recurso porque el Ayuntamiento incorporó en la Ordenanza de Limpieza una moratoria para que pudieran circular las furgonetas con etiqueta B por el centro de Madrid, ha recordado Maroto. Aunque hace un año la Justicia ya dio la razón a los socialistas, rememora la portavoz, «el Ayuntamiento recurrió».
El Tribunal Supremo ha tenido finalmente que decidir en la sentencia firme anteriormente expuesta, un fallo que confirma, aseguran en el PSOE, que “esta es una nueva chapuza normativa del Gobierno de Almeida”. “Esto genera inseguridad jurídica y perjudica a los madrileños y las madrileñas porque el Ayuntamiento es el que tiene que pagar las costas con dinero de todos”, subraya la portavoz.
Teme Maroto que el anuncio que hizo ayer el Ayuntamiento tras la Junta de Gobierno acerca de que, a partir del 1 de enero, no van a multar a los vehículos sin etiqueta que entren en Madrid, sea “otra chapuza más que añada más inseguridad jurídica todavía”. “Nos van a llevar al caos: nadie va a saber si se puede o no entrar en la ciudad, cómo se tiene que registrar para que no le lleguen multas, ni cómo moverse, cuando la movilidad debería ser uno de los ejes más importantes de gestión”, zanja Reyes Maroto.
