La investigación por el incendio del restaurante Burro Canaglia, en el que murieron tres personas en abril de 2023, ha llegado a su fin con un señalamiento claro. El juez que instruye la causa en Madrid considera que hay indicios suficientes para juzgar a quienes gestionaban el local, a la empresa que lo franquiciaba y a los arquitectos que diseñaron su reforma, por delitos contra los derechos de los trabajadores y por homicidio o lesiones imprudentes.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el punto de mira están el administrador único de La Perla di Montello, sociedad propietaria del restaurante, y su gerente. A ellos se suman dos administradores de Foodology Lab, la franquiciadora de la marca, y dos arquitectos de Garrigues Retail vinculados al proyecto de adecuación del local.
Dos clientas y un empleado, fallecidos
Aquella noche en el restaurante, el camarero se dirigía a una mesa con una pizza a la que se prendía fuego con un soplete, y al cruzar junto a una columna la llama alcanzó los adornos florales. En cuestión de instantes, el fuego trepó hasta el techo, corrió por él y desató el pánico entre quienes cenaban en el local, que huyeron en estampida.
Tres personas perdieron la vida asfixiadas. La investigación identificó entre ellas a dos clientas y a un empleado del restaurante. Otras, entre clientela y plantilla, sufrieron heridas de distinta gravedad o necesitaron atención médica e, incluso, pasar por quirófano. Hay quienes a día de hoy todavía arrastran secuelas psicológicas y psiquiátricas.
El local disponía de una sola salida de emergencia y la puerta que daba a la calle se abría hacia dentro, en contra del sentido de la evacuación.
Un local lleno de riesgos
El magistrado construye su decisión, sobre todo, a partir de lo que encontró la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Para los inspectores, lo que mató a las víctimas fue el humo que desprendió la decoración al arder mientras se servía la pizza ‘inferno’, un plato que había incorporado a la carta la propia Foodology Lab.
Pero el informe va más allá y dibuja un local lleno de riesgos que nadie había evaluado. Las paredes del restaurante estaban cubiertas de vegetación seca y de plástico que imitaba plantas, y los platos con llama viva se servían en zonas que no estaban preparadas para ello. Al planificar los medios de extinción y emergencia, nadie tuvo en cuenta esa decoración, y tampoco existía un camino de evacuación libre de material que pudiera arder.
Sin plan de emergencia
Según el informe, el local disponía de una sola salida de emergencia y la puerta que daba a la calle se abría hacia dentro, en contra del sentido de la evacuación. Un testigo relató que otra de las puertas estaba taponada por un carro de hostelería de unos 130 centímetros, que hubo que apartar para que varias personas pudieran escapar. Cuando estalló el incendio, el restaurante no tenía plan de emergencia, y nadie había revisado los sistemas de detección y extinción.
Con el cierre de la instrucción, la causa entra en una nueva fase en la que la Fiscalía y las acusaciones particulares tienen diez días para decidir si piden que se celebre el juicio o el archivo, y solo de forma excepcional podrán reclamar nuevas pruebas que consideren imprescindibles. El juez ha fijado también la responsabilidad civil de tres aseguradoras, MGS Seguros y Reaseguros, Banco Sabadell Seguros Generales y Catalana Occidente.