Las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde han vuelto a movilizarse contra el crematorio del tanatorio de la M-40 con el objetivo de que el Ayuntamiento de Madrid no conceda a la empresa funeraria Parcesa el último permiso que necesita para ponerlo en marcha. La compañía, propietaria del tanatorio, todavía no ha obtenido la licencia de funcionamiento del horno, que se encuentra a menos de 250 metros de viviendas y de espacios sensibles como colegios, parques infantiles e instalaciones deportivas.
Para presionar al Consistorio, los colectivos convocaron para este domingo, 4 de octubre, dos marchas que debían partir a las 12.30 horas desde la plaza de los Ojos de la Mezquita, en San Fermín (Usera), y desde la estación de Metro Villaverde Bajo-Cruce, para confluir hacia las 13.30 en una concentración frente al tanatorio.
Los vecinos se muestran convencidos de poder paralizar el proyecto, como aseguran haber hecho ya en tres ocasiones. Parte de los mensajes de la marcha se referían a esa resistencia bajo los lemas: «¡Aún estamos a tiempo! Si lo hemos conseguido tres veces, lo conseguiremos una cuarta».
Buscar otro lugar
Parcesa intentó levantar este crematorio en 2002, en 2015 y en 2021, y en 2016 el Ayuntamiento le denegó la licencia de instalación. La situación cambió en agosto de 2024, cuando el Consistorio concedió a la empresa la licencia urbanística para construir el horno junto a la morgue del tanatorio. Según las asociaciones, el horno ya está instalado y la empresa solo necesita la licencia de actividad para empezar a funcionar que solicitó el 20 de agosto del pasado año 2025.
Las entidades vecinales subrayan que no se oponen a los crematorios, sino a que este se ubique tan cerca de zonas habitadas. El tanatorio está muy próximo a barrios densamente poblados como San Fermín, en Usera, y El Espinillo, en Villaverde, y los colectivos advierten de que su actividad generará emisiones de monóxido de carbono, dioxinas y metales pesados que podrían afectar a la salud de la población.
Los colectivos vecinales advierten de que la actividad del crematorio generará emisiones de monóxido de carbono, dioxinas y metales pesados que podrían afectar a la salud de la población.
Recuerdan, además, que estos distritos ya soportan una elevada carga ambiental, con depuradoras, subestaciones de gas y centros de tratamiento de lodos. Por ello, reclaman al Ayuntamiento que deje de concentrar en el sur de la ciudad las instalaciones contaminantes y que corrija el desequilibrio territorial que arrastra la capital.
La Comunidad de Madrid, competente en el control de emisiones
La batalla también se ha librado en los tribunales. En marzo de este año, el Tribunal de Instancia de Madrid número 32 desestimó el recurso de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra la licencia municipal, al considerar que la obra no estaba sometida a evaluación ambiental por parte del Ayuntamiento.
El juzgado razonó que el control de las emisiones corresponde a la Comunidad de Madrid, que lo ejerce mediante la autorización ambiental que exige la normativa estatal, y que el Consistorio había ponderado los aspectos urbanísticos y medioambientales al conceder el permiso.
La FRAVM replicó entonces que la sentencia no acredita que las emisiones sean inocuas y criticó que la autorización ambiental de la Comunidad carezca de estudios específicos sobre la población vulnerable y no evalúe la chimenea de emergencia. Las asociaciones sostienen que el fallo se limita a validar el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento, sin certificar que la instalación sea segura para la salud o el medio ambiente.