La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo de un delito contra la salud pública del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid en relación a la venta de droga en su antiguo piso de Malasaña de la capital al declararse nulas las intervenciones telefónicas practicadas.
Los magistrados exoneran en su sentencia tanto al bailaor granadino como a su exproductor Eduardo de Santos y a otra persona juzgada por los mismos hechos.
Amargo se encuentra en libertad provisional desde el pasado 12 de abril, fecha en la que el juicio quedó visto para sentencia. En su declaración, el artista manifestó que no tenía necesidad, «gracias a dios», de dedicarse «a otra cosa que no sean las artes escénicas», recordando que ha sido «bandera y baluarte en España» del flamenco y comparándose con Lola Flores por su «generosidad». «Llevo tres años y medio callado y estoy contento por estar con ustedes. Voy que decir la verdad y toda la verdad de este delito provocado», señaló.
La absolución tiene lugar después de que la Sala considere que no se cumplieron las exigencias mínimas que exige la ley para acordar la intromisión al secreto de las comunicaciones, por lo que declara nula la intervención de los teléfonos de los investigados solicitada por la Policía y acordada por el juzgado de Instrucción.
En los informes de este caso por presunta venta de droga, el abogado Marcos García Montes solicitó la libre absolución de Amargo y en el caso de que fuera condenado, que se le apreciara una eximente completa por adicción a las drogas y se le sometiera a un tratamiento ambulatorio.
Petición de nueve años de cárcel
Rafael Amargo se enfrentaba a nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, al igual que su productor Eduardo de Santos al mantener la fiscal sus peticiones de condena.
Los investigadores y la Fiscalía de Madrid sostenían que Rafael Amargo y Eduardo realizaban «compras conjuntas» destinadas a financiar la obra de ‘Yerma’, extremo que niegan los acusados al necesitarse como mínimo 100.000 euros.
Las intervenciones telefónicas y el testimonio de los investigadores de la Policía Nacional eran la principal prueba de cargo que tenía la fiscal para sustentar su acusación. Los abogados del bailaor intentaron impugnar estas escuchas.
En su informe, la fiscal manifestó que el trasiego de personas en el piso de Rafael, el segundo derecha del número 4 de la calle La Palma, en la época de los hechos investigados estaba acreditado por el testimonio de los agentes de la Policía Nacional.
La representante del Ministerio Fiscal mencionó las escuchas intervenidas entre agosto y noviembre de 2020 en las que se hablaba de cantidades de droga que sobrepasan el autoconsumo y que determinan la notoria importancia –penado de entre 6 a 9 años de cárcel– citando una conversación en la que una persona le pide unas 500 pastillas y otra en la que Rafael afirma que quiere un kilo de metanfetamina.
