El consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz regional, Enrique Ossorio, ha anunciado que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha destinado 1 millón de euros para sufragar los gastos de mudanza y alojamiento de los vecinos de la calle Presa de San Fernando de Henares, que han tenido que abandonar sus viviendas debido a los problemas causados por las obras del Metro 7b.
La empresa pública a empresa Tragsa ha iniciado ya los trabajos para reubicar a los vecinos de la calle Presa 19, 21, 23, 25 y 27. En su comparecencia ante los medios, Ossorio ha anunciado que este contrato tendrá una duración de cinco meses, e incluyen los gastos que supondrá para los vecinos el realojamiento y manutención, mudanza a guardamuebles y custodia, gastos de transporte entre puntos de alojamiento y San Fernando de Henares.
También incluyen suministros de servicios en vivienda desalojada y en alojamiento de destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo, servicios inmobiliarios para realojamiento, medios para inspección y seguimiento estructural, así como trabajos de rehabilitación.
En esta línea, Ossorio ha destacado que la consejería de Transportes sigue realizando el «seguimiento» sobre los posibles movimientos de tierra para «garantizar la seguridad» en la zona.
Una nota técnica realizada por una empresa de ingenieros dictaminó grave riesgo estructural de las viviendas, que supone un peligro para la integridad física de las personas que habitan en las mismas, lo que justifica la necesidad de una actuación de emergencia para proceder a su traslado inmediato.
«Desalojo inmediato»
«La seguridad es una de las máximas prioridades de la Comunidad de Madrid. Por ello, y tras recibir también un informe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en el que se determina que se considera necesario el desalojo inmediato de las viviendas, el Gobierno autonómico actuó de emergencia», han subrayado desde el Gobierno madrileño.
Mientras, la Consejería de Transportes e Infraestructuras continúa realizando trabajos continuos de auscultación con informes semanales de lecturas de movimientos; mientras Metro de Madrid hace un seguimiento paralelo de la infraestructura para que siempre esté garantizada la seguridad del suburbano y se realizan trabajos para estabilización y consolidación del terreno.
El Gobierno regional se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados e intensificará las inspecciones en las viviendas afectadas.
Los vecinos de los edificios de las calles Presa 4 y Rafael Alberti 1 y 3 recibieron este mes el documento que declara la situación de «ruina urbanística por datos estructurales en edificios».
Así, debido a los daños estructurales que han sufrido estas viviendas como consecuencia de las obras de la Línea 7B, entre Coslada y San Fernando de Henares, se declara la situación de ruina urbanística, a los efectos de «su rehabilitación, demolición o reconstrucción por parte de la Comunidad de Madrid», tal y como recoge el documento que han recibido cada uno de los vecinos afectados.
