Una cooperativa reclama al Ayuntamiento 1,6 millones de euros por daños y perjuicios al no poder construir 66 viviendas debido a los retrasos en la concesión de licencias
PARLA / 27 OCTUBRE DE 2017 / El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Parla ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás (PP), y el exconcejal de Urbanismo Juan Marcos Manrique por un presunto delito de malversación en un asunto urbanístico.
Según la parte dispositiva y los fundamentos de derecho de la resolución judicial -fechada el pasado 29 de septiembre-, “se admite a trámite la querella por un delito de prevaricación y falsedad documental”, ya que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de malversación”.
En este contencioso, iniciado por la empresa ‘Edimed de Gestión SL’, se piden daños y perjuicios valorados en 1,6 millones de euros para los socios de la cooperativa ‘Los Lagos’ debido a que el retraso de dos años en la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento y su postura ante una ‘posposición de hipoteca’ “hicieron inviable” la construcción de una promoción de 66 viviendas en régimen de cooperativa en Parla Este.
“Con el procedimiento que hemos iniciado pretendemos que los daños y perjuicios económicos que han producido a los socios sean indemnizados por parte de la Administración local”, han señalado desde la cooperativa, que ha informado de que también pedirá los “gastos por alquileres de vivienda” de los socios, al considerar que estos han estado motivados por los retrasos.
Desarrollo de los hechos
La empresa Edimed fue adjudicataria de tres parcelas en septiembre de 2011, derechos de superficie que, en enero de 2014, se transmitieron a la cooperativa Los Lagos, que reclamó el 30 de enero de ese año las licencias de obras para construir las primeras 66 de 190 viviendas en la avenida de las Galaxias.
Como no hubo respuesta, la cooperativa inició dos procesos contencioso-administrativos en los juzgados, si bien, el 9 de marzo de 2016, se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y se firmó un convenio. Posteriormente, se concedió la licencia por la Junta de Gobierno el 28 de abril del pasado año.
El problema, según los afectados, vino cuando, a la hora de solicitar el préstamo hipotecario para la promoción inmobiliaria, el Ayuntamiento no respaldó el mecanismo de ‘posposición de hipoteca’, que permite obtener crédito para estos proyectos en régimen de cooperativa.
Sin ello, según los afectados, las entidades financieras no concedieron crédito y, por ello, la entidad solicitó la rescisión del contrato al Ayuntamiento, según un escrito pasado por Registro y dirigido al alcalde el 7 de octubre de 2016.
La entidad considera que estos daños se repartirían en gastos como compra de suelo (634.000 euros), honorarios de gestión (569.910 euros) o arquitecto (203.885 euros), entre otros.

Que poco han tardado en llamarme al juzgado, ¡si sólo lleva dos dos!
Se nota que se ha peleado con medio partido, esto debe ser un aviso; a ver si con un poco de suerte siguen tirando de la manta…