El conflicto por la gestión del Centro de Protección Animal (CPA) de Torrejón de Ardoz suma un nuevo capítulo. El alcalde, Alejandro Navarro, ha salido públicamente a defender la adjudicación del servicio a una nueva empresa y ha asegurado que sería ilegal frenar el concurso público para entregárselo a HOOPE, la entidad que había venido prestando este servicio durante los últimos años.
Las declaraciones del regidor llegan después de que el PSOE de Torrejón criticara con dureza el relevo en la gestión y de que HOOPE difundiera un extenso comunicado en redes sociales en el que rebate la versión municipal, cuestiona el diseño de la licitación y sostiene que el presupuesto fijado no cubre las necesidades reales del centro.
La nueva posición de Alejandro Navarro
En sus nuevas declaraciones, Alejandro Navarro insiste en que el Ayuntamiento no ha retirado a HOOPE de manera discrecional, sino que ha tramitado una nueva licitación pública a la que podían concurrir las entidades que cumplieran los requisitos.
Según ha explicado, la anterior adjudicataria trasladó al Consistorio que no podía seguir prestando el servicio con la cuantía económica que venía recibiendo, situada, según el alcalde, en “en torno a unos 230.000 euros al año aproximadamente”. A partir de ahí, sostiene, el Ayuntamiento abrió un nuevo procedimiento al que concurrieron HOOPE y otra empresa, y fueron los técnicos municipales quienes, “siguiendo lo que marca la ley”, propusieron adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa.
Navarro agradece además el trabajo desarrollado por HOOPE durante estos años, habla de una trayectoria de doce años al frente del servicio y confía en que la transición sea correcta para que “ningún animal sufra”. También anima a los voluntarios que colaboraban en el centro a que sigan participando, porque, en sus palabras, su implicación hace que el servicio funcione mejor.
No se puede decidir «a dedo”
El punto más contundente de sus declaraciones llega al responder a la ofensiva política abierta por el PSOE de Torrejón. Alejandro Navarro sostiene que no se puede paralizar ni retirar una licitación pública para adjudicar el servicio a una entidad concreta, ya que eso, a su juicio, sería ilegal.
El alcalde insiste en que el Ayuntamiento está obligado a ajustarse a las normas de contratación pública y que, una vez abierto el concurso y valoradas las ofertas, no cabe alterar el resultado para beneficiar a nadie. En ese sentido, resume la secuencia con cuatro ideas: HOOPE advirtió que no podía continuar en esas condiciones económicas, se abrió un nuevo pliego, al concurso se presentaron dos aspirantes y la adjudicación recayó en la propuesta que obtuvo mejor oferta y mejor puntuación técnica.
Además, el regidor recuerda que en otros momentos también hubo cambios de entidad gestora en este servicio y enmarca la situación en un contexto de libre concurrencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley y en los pliegos.
Lo que reprocha el PSOE
El PSOE de Torrejón ha cargado contra el Ejecutivo local por la pérdida de la gestión por parte de HOOPE y ha centrado su crítica en dos planos: el modelo de gestión y la utilización del canal institucional del Ayuntamiento para responder políticamente al conflicto.
Los socialistas consideran que el centro debería seguir vinculado a entidades sin ánimo de lucro y han anunciado iniciativas políticas para defender ese enfoque. También cuestionan que el Gobierno local haya usado la comunicación institucional para defender la adjudicación frente a las críticas, al entender que se ha mezclado información administrativa con confrontación partidista.
En esa línea, el PSOE reclama revisar el proceso y blindar un modelo que dé mayor peso a la economía social y a la experiencia de las protectoras en el ámbito del bienestar animal.
La respuesta de HOOPE
A esa crítica política se suma ahora la propia versión de HOOPE, que en su comunicado intenta desmontar varios de los argumentos difundidos por el Ayuntamiento.
La entidad admite que se presentó a la licitación, pero subraya que lo hizo “por responsabilidad” y no porque compartiera el formato del concurso. Según su versión, su prioridad era proteger a “su familia” y a los animales del centro, pese a considerar que el procedimiento era “extraño” y económicamente insuficiente.
Uno de los puntos clave de su comunicado es que no renunció de manera caprichosa al contrato anterior, sino que venía advirtiendo desde hacía tiempo de que la aportación económica municipal no cubría los costes reales del servicio. HOOPE sostiene que trasladó esa disconformidad en reuniones con responsables municipales y que la decisión de no continuar fue consecuencia de una situación previamente advertida al Ayuntamiento.
Las dudas sobre el coste real del servicio
La asociación también rebate la idea de que no hubiera objeciones al coste previsto en la nueva licitación. Frente a la versión municipal, HOOPE afirma que sí se formularon preguntas a través de la Plataforma de Contratación, entre ellas sobre la solvencia económica, los recursos humanos planteados en la licitación y el formato de pago. Añade, además, que remitió un correo electrónico a la Concejalía de Sanidad y que mantuvo una reunión el 3 de febrero de 2026 con la concejala del área y un técnico.
Según la protectora, en ese encuentro se pusieron sobre la mesa los “costes irreales” del contrato, dudas sobre la legalidad del procedimiento y varias incongruencias en la redacción del expediente. Incluso asegura que existen pruebas de lo que se habló en esa reunión.
HOOPE también sostiene que en los próximos días demostrará con datos que el coste del contrato no está correctamente definido, salvo que se asuma, según su tesis, la renuncia a determinados tratamientos veterinarios esenciales o a parte de la atención a animales de colonia.
La discusión sobre el modelo de licitación
Otro de los elementos más sensibles del comunicado de HOOPE es su crítica al diseño del concurso. La asociación cuestiona que el nuevo formato de licitación deje de valorar la parte técnica y de bienestar animal con el peso que, a su juicio, debería tener, y denuncia que el proceso se haya convertido principalmente en una cuestión económica.
Además, insiste en que el verdadero problema no es solo que HOOPE pierda la gestión, sino que ésta pase a una empresa con fin lucrativo y no a otra asociación sin ánimo de lucro. En su argumentación, la protectora defiende que la legislación de contratos permite introducir criterios sociales e incluso reservas legales de contratos en determinados supuestos, por lo que considera que el Ayuntamiento sí tenía margen para diseñar un modelo más orientado hacia entidades de economía social.
