El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha adjudicado la gestión del Centro de Protección Animal (CPA) a una nueva entidad después de que finalizara el contrato anterior, que venía prestando HOOPE, la protectora que había asumido este servicio en los últimos años.
Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, el Centro de Protección Animal es un servicio público de titularidad municipal, por lo que su mantenimiento y gestión deben garantizarse mediante la correspondiente contratación pública. En este caso, el Gobierno local sostiene que la prestación se realiza mediante gestión indirecta a través de licitación pública, un procedimiento sujeto a los principios de libre concurrencia y competencia.
La adjudicación ha abierto un nuevo frente político en la ciudad después de que el PSOE de Torrejón cargara contra el Ejecutivo local y denunciara públicamente la retirada de la gestión a HOOPE. Frente a ello, el Ayuntamiento insiste en que el procedimiento se ha tramitado conforme a la ley y que la entidad protectora sí concurrió al concurso, aunque finalmente no obtuvo la mejor puntuación.
Un contrato que terminó y una nueva licitación
Uno de los elementos centrales de esta controversia es que el contrato anterior había concluido. Según el Ayuntamiento, en los últimos años HOOPE gestionó el centro por un importe anual de 233.825,01 euros, tras una adjudicación aprobada en abril de 2025.
Sin embargo, el Gobierno local señala que el contrato vencía el 22 de diciembre de 2025 y que, al no contemplarse continuidad automática, fue necesario iniciar una nueva licitación pública. El expediente del nuevo contrato se aprobó en noviembre de 2025 y posteriormente se publicó en la plataforma de contratación del sector público.
Durante la tramitación, según el comunicado municipal, hubo un reajuste en la licitación a comienzos de enero de 2026 que obligó a ampliar el plazo para la presentación de ofertas. Una vez subsanado ese extremo, el proceso siguió adelante y, siempre según la versión del Ejecutivo local, no se presentaron impugnaciones, recursos ni alegaciones contra el valor estimado del contrato durante el plazo establecido.
HOOPE se presentó, pero la adjudicación fue para otra entidad
Otro de los hechos objetivos que marca este caso es que HOOPE participó en la licitación. El Ayuntamiento asegura que la protectora concurrió al nuevo contrato y aceptó íntegramente los pliegos de condiciones, sin presentar recurso alguno contra ellos.
Finalmente, el pasado 9 de marzo, la junta de gobierno aprobó la adjudicación a una nueva empresa: Arat Veterinario Torrelodones S.L., una entidad que, según el Ayuntamiento, ya gestiona otros centros de protección animal en municipios madrileños.
Es decir, el cambio de gestor no se produce por una retirada unilateral del servicio sin procedimiento previo, sino tras una licitación pública en la que HOOPE participó y no resultó adjudicataria.
Los pliegos y el papel de los técnicos
El debate político ha puesto también el foco en el contenido de los pliegos y en los criterios de adjudicación. En este punto, el Ayuntamiento defiende que el procedimiento se ha ajustado a la legislación de contratos del sector público y recuerda que los criterios objetivos y las condiciones técnicas forman parte del expediente administrativo.
Desde una perspectiva jurídica y administrativa, este tipo de documentos no los redactan los partidos políticos como tal, sino los servicios técnicos y jurídicos municipales dentro del procedimiento de contratación, aunque la aprobación final del expediente corresponda al órgano de gobierno competente.
Por eso, una de las claves es distinguir entre el debate político posterior y el funcionamiento ordinario de un procedimiento administrativo reglado, en el que intervienen técnicos municipales, mesas de contratación y órganos de adjudicación.
El PSOE acusa al Gobierno local de atacar a la protectora
El PSOE de Torrejón ha cargado duramente contra el Ejecutivo local por esta adjudicación y ha denunciado que el PP haya apartado a una protectora sin ánimo de lucro de la gestión del centro para dar entrada a una empresa privada.
En su comunicado, los socialistas cuestionan además el uso del canal institucional del Ayuntamiento para defender la adjudicación y responder a las críticas políticas, al considerar que se está utilizando la comunicación municipal con fines partidistas. También anuncian una moción para defender que la gestión del centro pueda recaer en entidades sin ánimo de lucro y para revisar el precio del contrato anual.
No obstante, más allá de esa crítica política, lo cierto es que el servicio ya ha sido adjudicado en un procedimiento de concurrencia pública y que la entidad que venía prestándolo participó en el concurso.
El Ayuntamiento defiende su derecho a informar de su gestión
En paralelo, el Gobierno local rechaza las acusaciones del PSOE y sostiene que el Ayuntamiento, como administración responsable del servicio, puede informar públicamente sobre su gestión y sobre las decisiones adoptadas en relación con contratos municipales.
En este sentido, el Consistorio enmarca su nota de prensa dentro de la comunicación institucional de una adjudicación pública que afecta a un servicio municipal. Otra cuestión distinta es la disputa política que se ha generado a partir de esa decisión, y que tanto Gobierno como oposición están trasladando al debate público.
El bienestar animal, en el centro
En medio de esta confrontación, el elemento común que ambos bandos dicen defender es el bienestar animal. El Ayuntamiento asegura que el objetivo del nuevo contrato es garantizarlo con normalidad y trasladar tranquilidad a vecinos y voluntarios. El PSOE, por su parte, sostiene que el modelo de gestión debería priorizar a protectoras sin ánimo de lucro frente a empresas privadas.
