La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid sobre la paralización provisional del desarrollo industrial del PAU-5 en Parla ha aireado las críticas de los partidos de la oposición, que han acusado al alcalde, el socialista Ramón Jurado, de emprender «chanchullos» urbanísticos por los que pedirán explicaciones en un Pleno extraordinario.
En este escenario, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha vuelto a cargas las tintas contra el regidor tras conocerse que la Justicia ha anulado el cambio del sistema de compensación a expropiación forzosa que adoptó el Gobierno local (PSOE y Más Madrid) para desarrollar este suelo industrial, sin elaborar un «expediente» previo ni aprobarlo en el Pleno municipal.
En un vídeo difundido en redes, Serrano reprocha al regidor parleño que, esta vez, no haya grabado un vídeo con su valoración sobre la decisión del juzgado, que «ha tumbado el intento de hacer un chanchullo para intereses personales», según ha explicado.
Serrano visitó hace meses el PAU-5 cuando trascendió la presunta implicación del hermano de Ramón Jurado, exconcejal de Urbanismo con Tomás Gómez, en la redacción del proceso, términos que negó el Ejecutivo. «Vine a denunciar las presiones a propietarios de suelo en unos negocios inmobiliarios en los que estaba interesado tu hermano, también con intereses urbanísticos en la zona», recuerda el ‘popular’.
Tras ello, ha manifestado que el PP seguirá denunciando la «gestión» de Jurado, así como su «incapacidad para reducir la deuda» municipal. «Vamos a seguir denunciando para que se hagan las cosas bien en el PAU-5″, ha sintetizado.
Un Pleno extraordinario para dar explicaciones
De hecho, el PP de Parla ha exigido la «comparecencia inmediata del alcalde en un pleno extraordinario para que dé explicaciones por las irregularidades judicialmente acreditadas en la gestión del polígono industrial PAU 5».
Según los populares, el juez pone el foco en «una forma de actuar reiterada por parte del equipo de Gobierno, caracterizada por la improvisación, la falta de rigor jurídico y el desprecio a los procedimientos legales».
«Esta sentencia confirma que las decisiones adoptadas no respondían al interés general, sino a una gestión arbitraria que ha generado una preocupante inseguridad jurídica», han apuntado.
En la misma línea, el portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique, ha pedido la «comparecencia urgente del alcalde para que dé explicaciones públicas, la asunción inmediata de responsabilidades políticas y, ante la gravedad de los hechos y la sentencia judicial, su dimisión».
«Con esta maniobra, el regidor se saltó el control democrático del Pleno, vulnerando la legalidad y la seguridad jurídica», han señalado desde la formación.
El 60% de los propietarios, a favor del nuevo sistema
Entretanto, el Gobierno local ha seguido defendiendo el cambio de ejecución en el desarrollo del suelo para salvar la segunda fase del PAU-5. Mantiene que el 60% de los propietarios se han adscrito ya al proceso de justiprecio para la expropiación. Con el sistema de compensación, según el concejal de Urbanismo, Bruno Garrido, los pequeños propietarios no podían asumir las derramas que había que sufragar con las obras de urbanización.
El edil ha reiterado que el juzgado «no ha tumbado nada» y ha anunciado que el ayuntamiento interpondrá un recurso de casación contra la decisión judicial.
