La investigación judicial sobre los vertidos, residuos y asentamientos ilegales en el entorno del río Guadarrama pone el foco en la actuación del Gobierno municipal de Móstoles durante la etapa de Noelia Posse (PSOE). Sin embargo, el juzgado no ha conseguido todavía identificar a los responsables que ostentaban entre los años 2021 y 2023 las competencias en materia de urbanismo y medio ambiente.
Por el período investigado, está claro que las diligencias afectan a responsables del anterior Gobierno municipal, dirigido por Posse, aunque por el momento la jueza únicamente ha citado a declarar como investigados a dos técnicos municipales, ya que el Ayuntamiento de Móstoles no habría aportado el organigrama completo solicitado por el juzgado.
Por ello, la magistrada hizo a finales de julio un nuevo requerimiento al Ayuntamiento de Móstoles para que informara de quién ostentaba la Alcaldía y quién tenía atribuidas las competencias políticas de Urbanismo y Medio Ambiente durante los años 2021, 2022 y 2023, periodo al que se refieren las diligencias.
La jueza vuelve a pedir la información al Ayuntamiento
Según la documentación a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, el primer requerimiento judicial al Ayuntamiento de Móstoles se produjo el 5 de marzo de 2025. El juzgado solicitó información sobre la organización municipal con el objetivo de identificar a los responsables que tenían competencias durante el periodo investigado.
Fuentes del actual Gobierno municipal, del PP, han trasladado a Noticias para Municipios que el Ayuntamiento remitió en junio de 2026 el organigrama y la información sobre las competencias solicitadas por el juzgado.
Sin embargo, la última providencia, fechada el 30 de julio de 2026, vuelve a reclamar esa información. Según recoge el documento, la jueza señala que el Ayuntamiento no ha identificado a la persona que ostentó la Alcaldía entre 2021 y 2023. Tampoco se ha aclarado quiénes tenían las competencias políticas de Urbanismo y Medio Ambiente.
De esta forma, el juzgado continúa intentando establecer quiénes eran los responsables políticos municipales que podían haber intervenido en las decisiones relacionadas con la situación del río Guadarrama.
La Fiscalía cuestiona la actuación municipal
La investigación también recoge las consideraciones de la Fiscalía sobre la actuación de los responsables municipales, tanto en este caso de Móstoles, como también de los Ayuntamientos de Arroyomolinos y de Navalcarnero.
El Ministerio Público sostiene que los responsables municipales conocían la situación existente en el entorno del río y cuestiona que se hubieran adoptado medidas suficientes frente a los vertidos y residuos.
Entre los aspectos señalados figura que no constarían determinados expedientes sancionadores, pese a que se habrían producido actuaciones policiales relacionadas con vertidos y residuos.
La cuestión que deberá esclarecer la investigación es si existieron actuaciones administrativas suficientes, quién tenía atribuida cada competencia y qué decisiones se adoptaron ante las situaciones detectadas.
El foco se sitúa en la etapa 2021-2023
La investigación no supone que los responsables del Gobierno de Noelia Posse hayan sido declarados culpables de ninguna actuación irregular. La condición de investigado, cuando se produce, se enmarca en una fase de instrucción destinada precisamente a esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.
Pero el requerimiento judicial sí sitúa en el centro de la investigación la estructura de gobierno de Móstoles durante 2021-2023: quién estaba al frente del Ayuntamiento y quién tenía capacidad política sobre Urbanismo y Medio Ambiente.
Ahora será el juzgado el que deberá determinar, a partir de la documentación municipal y de las declaraciones que se practiquen, qué conocían los responsables municipales sobre la situación del Guadarrama, qué actuaciones se llevaron a cabo y si fueron suficientes para hacer frente a los vertidos, residuos y asentamientos existentes en el entorno del río.