El Pleno del Ayuntamiento de Leganés ha desoído esta tarde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligaba a los concejales leganenses a llevar a cabo la corrección de un error material en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estaba impidiendo a dos empresarios levantar unas instalaciones en sus parcelas, con su consiguiente «perjuicio económico».
El presidente del Pleno, Javier Oporto, ha llevado como concejal de Desarrollo Urbano el punto al Pleno para hacer cumplir la sentencia, que esta mañana avanzó Noticias para Municipios. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM daba la razón a los demandantes y, aparte de condenar en costas al Ayuntamiento, le instaba a llevar a cabo la corrección.
Queda sobre la mesa
Lo que parecía un simple trámite para dar cumplimiento a la sentencia, se ha terminado complicando. Finalmente, no se ha votado la exigencia que imponía el TSJM y el expediente ha quedado sobre la mesa tras solicitarlo el portavoz del PSOE, Javier Márquez. La propuesta que ha contado con el respaldo de Más Madrid y Podemos-IU, y la abstención de Vox.
«El Pleno es el órgano competente para hacer la corrección material del PGOU, a instancias de un juez. Las órdenes de los jueces hay que aplicarlas»
Javier Oporto, concejal de Desarrollo Urbano y Planificación de Leganés
Desde la oposición, los Grupos han manifestado que no entendían por qué había que volver votar una «sentencia que ha dictado un juez». Ante ello, Oporto ha explicado que debía votarse porque «el Pleno es el órgano competente para hacerlo, a instancias de un juez». «Las órdenes de los jueces hay que aplicarlas y es obligación de este Pleno hacer la corrección material», ha insistido el presidente del Pleno.
Pese a ello, desde el PSOE se ha insistido en que se desconoce si la sentencia es firme, ya que cabe recurso de casación contra ésta en el plazo de treinta días. Al pedir un Grupo dejarlo sobre la mesa, los concejales han tenido que votar en primer lugar esta propuesta, que ha prosperado pese a las advertencias de Javier Oporto. «Los 27 miembros somos responsables de las decisiones que se toman como órgano colegiado», ha avisado.
Rozar la prevaricación
También el primer teniente de Alcalde y concejal de Obras, Carlos Delgado, de ULEG, ha planteado que se estaría «rozando la prevaricación» al dejar el expediente sobre la mesa. «Yo animaría al vecino afectado a que denuncie y les aviso de que no cumplir una sentencia firme y con unas informes favorables les va a traer unas consecuencias mas allá de las políticas», ha esbozado.
«Yo animaría al vecino afectado a que denuncie y les aviso de que no cumplir una sentencia firme y con unas informes favorables les va a traer unas consecuencias mas allá de las políticas»
Carlos Delgado, primer teniente de Alcalde y portavoz de ULEG
La sentencia, a la que tuvo acceso esta publicación digital, especifica claramente que, aparte de anular el acuerdo plenario donde se desestimó el recurso de los empresarios, se acuerda «la rectificación del error material en el que se incurre» en el PGOU.
Uno de los empresarios afectados estaba en el salón de Plenos y, en un momento dado, se ha enfrentado a la portavoz de Vox, Beatriz Tejero, cuando ésta ha asegurado que éste se persono dos veces del Grupo municipal de manera «insistente».
«Está fuera de lugar que nos digan lo que tenemos que votar. Ya argumentaré yo ante un juzgado si me llaman por qué he votado en contra, pero nadie me puede obligar a decidir mi voto»
Beatriz Tejero, portavoz de Vox
Compra de voluntades
Delgado ha reprochado a la edil que insinuase que el empresario se presentaba «con un maletín» dando a entender que había «compra de voluntades». «Hay que ser muy desvergonzada», ha apostillado.
Tejero, por su parte, ha defendido que los concejales tienen el «legítimo derecho democrático» a votar ‘no’ a los expedientes si hay «dudas urbanísticas». «Está fuera de lugar que la presidencia de este Pleno nos diga lo que tenemos que votar -ha corregido-. Ya argumentaré ante un juzgado si me llaman por qué he votado en contra, pero nadie me puede obligar a decidir mi voto», ha sentenciado.
