La tensión política y el bloqueo que sufre la ciudad merced al enfrentamiento entre Gobierno local y oposición comienza a tener sus consecuencias económicas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado la primera sentencia que obliga a la Administración leganense a asumir las costas de un proceso judicial que interpusieron dos empresarios al verse perjudicados por el ‘no’ perpetuo de los Grupos de la oposición en el Pleno.
Todo arranca en marzo de 2024, cuando la Corporación municipal debía corregir un simple error detectado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trataba de un simple acto de corte administrativo que no prosperó. Este error impedía a los empresarios llevar a cabo el proyecto para levantar una instalaciones en suelo de su propiedad en Leganés, en plan parcial IA-6 de Polvoranca.
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