Un juzgado desestima el recurso del Ayuntamiento contra el archivo de una denuncia por presunta manipulación de un pliego
El auto considera que el recurso de reforma no aporta nada nuevo a la valoración de las prueba
LEGANÉS/ 10 FEBRERO 2015/ El juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Leganés ha acordado desestimar el recurso de reforma que interpuso el Ayuntamiento de Leganés contra el sobreseimiento provisional de la denuncia que interpuso el Gobierno contra el funcionario de Obras Antonio P.P. por los supuestos delitos de falsedad documental y malversación a raíz de la presunta manipulación de un contrato municipal.
Este mismo juzgado ya decretó el “sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones” el pasado mes de octubre, al considerar que no quedó probada ninguna de las imputaciones que se realizaban en la denuncia contra este funcionario.
La demanda se interpuso cuando los responsables locales detectaron que, presuntamente, se había manipulado un pliego de condiciones de un contrato para que la empresa adjudicataria prestase supuestamente menos servicios de los estipulados.
En noviembre de 2011 se interpuso esta denuncia, ya que según los cálculos del Ejecutivo ‘popular’, el perjuicio a las arcas municipales pudo ascender a 1,9 millones de euros.
El pasado octubre el juzgado eliminó cualquier tipo de sospecha al concluir que el funcionario “no alteró ni modificó el pliego de prescripciones técnicas, ni antes de ser firmado ni con posterioridad a su firma, ni puede concluirse que ha cometido falsedad documental”.
Ratificación
Ahora se ratifica al desestimar el recurso que interpuso el Consistorio. En este auto del pasado día 2, el titular del juzgado de Instrucción número 6 considera que este recurso el Ayuntamiento se limita a “realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas, que ya fueron analizadas en el auto recurrido”.
Así, determina sobre el presunto delito de falsedad documental que el denunciado no cometió “ninguna alteración en el pliego de prescripciones” y que “no se ha acreditado que las obligaciones que se exigían al contratista fueran distintas de las pactadas con el Ayuntamiento”.
En cuanto a la acusación de malversación de caudales, el juzgado mantiene que “no se ha probado que el imputado se haya lucrado ilícitamente ocasionando un perjuicio al Ayuntamiento”.
Tras conocerse esta resolución judicial, se han sucedido las críticas desde algunos círculos. En este sentido, Unión por Leganés (ULEG) ha recordado que mantener apartado al funcionario de su puesto supondrá al Ayuntamiento entorno a los 300.000 euros.
Corresponsal / David G. Castillejo