La querella que interpuso la pasada legislatura el Gobierno local del PSOE de Leganés a través de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) contra el actual alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha sido archivada de manera provisional. Así lo ha confirmado el propio regidor a Noticias para Municipios.
El primer edil ha asegurado que no ha recibido comunicación de la Justicia pese a ser el principal afectado. Así, ha señalado que ha tenido conocimiento porque la resolución ha llegado a la sede de EMSULE, que era la entidad querellante.
Tras conocer la resolución, el regidor leganense ha expresado que «se ha hecho justicia» en un caso que, según ha remarcado, «tenía poco recorrido» y por el que estaba tranquilo.
La querella
EMSULE presentó la querella en enero de 2023, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación continuada. Los actos denunciados se produjeron durante la etapa de Recuenco al frente de la entidad como presidente, en el periodo 2011-2015, cuando además era concejal de Urbanismo.
La querella se presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque Recuenco estaba aforado al ser diputado en la Asamblea de Madrid. Luego, la querella volvió a los juzgados de Leganés, que han resuelto el archivo.
Adjudicaciones a empresas
La querella alertaba de que se adjudicaron a cuatro empresas, propiedad de las mismas personas, contratos que suman mas de 1 millón de euros. Ya, en su día, el actual primer edil advirtió de que se trataba de una «denuncia electoralista» por la proximidad de los comicios de mayo de ese año.
Tras ésta EMSULE interpuso otra denuncia similar por los «perjuicios económicos» que habrían supuesto los retrasos y encarecimientos en la construcción de dos promociones de viviendas públicas en Poza del Agua.
También Recuenco reaccionó y querelló contra el exalcalde Santiago Llorente. Esta querella sigue su procedimiento.
Recuenco se querelló por malversación contra Llorente (PSOE) y varios consejeros del Consejo de Administración de EMSULE. El motivo: la aprobación de un gasto de 17.500 euros para sendos informes jurídicos contratados a un bufete externo que habrían servido de base para detectar presuntas irregularidades en su gestión en la empresa pública.
