La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (ESMULE), propiedad del Ayuntamiento, se ha querellado contra el portavoz del PP y diputado regional, Miguel Ángel Recuenco, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación continuada durante su etapa al frente de la entidad como presidente, en el periodo 2011-2015.
La querella, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), va dirigida tanto contra Recuenco, que tiene condición de aforado al ser diputado regional, como contra Manuel Martín Cazorla, entonces gerente de EMSULE.
El escrito judicial expone que el portavoz ‘popular’ habría incurrido en un delito de prevaricación y malversación continuada en la empresa pública al haber presuntamente adjudicado a cuatro empresas, propiedad de las mismas personas, varios contratos que suman mas de un millón de euros.
Según alega la querella, estos contratos comenzaron inicialmente como contratos menores -contratos que solo pueden ser adjudicados por un máximo de 15.000 euros más IVA (18.000 euros)- pero estos contratos fueron prorrogándose en el tiempo sin existir expediente de contratación y sin pasar por ningún Consejo de Administración de la Empresa pública.
Según la querella, estos contratos se adjudicaron a dedo como contratos menores cuando por importe han superado con creces el importe de un contrato menor.
«En el presente caso consideramos que los hechos expuestos son, supuestamente, cometidos por ambos querellados, sin perjuicio que a resultas de la instrucción se puedan deducir más responsables o definir la responsabilidad de cada uno de los querellados, existiendo, por tanto, una conexión material que impide su instrucción y enjuiciamiento de manera escindida», expone la querella.
Polígono PP3
Uno de los contratos objeto de sospecha es el que se firmó para la conservación y mantenimiento del Polígono PP3 de Leganés, «presupuestos que fueron tramitados como si de contratos menores se tratase, cuando lo cierto y verdad es que debieron haber sido objeto de licitación pública».
El objeto del presupuesto firmado era la conservación de las zonas ajardinadas, red de riego y fuentes ornamentales por un período de 3 meses, estableciendo un precio por la conservación de zonas ajardinadas de 12.249 euros y por la conservación de la red de riego y de las fuentes ornamentales de 1.524 euros.
Los querellantes analizan esta adjudicación y concluyen que el «proceso» de contratación y ejecución adolecen de irregularidades y contravenciones supuestamente imputables a la entonces Dirección/Presidencia y Gerencia de EMSULE Miguel Ángel Recuenco Checa, y Manuel Martí Cazorla.
Aforado
La querella criminal se presenta en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ser aforado Miguel Ángel Recuenco Checa, diputado regional del PP de Madrid.
Por lo tanto, es necesario comunicar a la Asamblea de Madrid esta querella para que se tramite en el TSJM y no en un tribunal de primera instancia o en un tribunal Ordinario. En esa época, Manuel Martín Cazorla era el gerente y Miguel Ángel Recuenco era el concejal de Urbanismo y presidente del Consejo de Administración de esta empresa pública.
Recuenco cree que es una denuncia electoralista
Mientras, Recuenco se ha mostrado «totalmente tranquilo» porque las cosas «se hicieron bien» ante la querella y ha asegurado que no tendrá recorrido. Tras asegurar que no tiene constancia ni comunicación de estas acciones judiciales, ha manifestado que la iniciativa estaría motivada por la proximidad de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.
El edil ‘popular’ sí ha admitido tener constancia de un informe que se encargó ad hoc desde EMSUEL a un despacho de abogados para una investigación, un documento que apuntaría a las «presuntas irregularidades». «El consejo de Administración aprobó destinar dinero público a perseguir a un adversario político», ha declarado.
En cuanto a la querella, Recuenco ha recordado que el alcalde, Santiago Llorente, ha abonado desde un Gobierno socialista «facturas por servicios de ese P.P.3» Además, ha precisado que la Junta de Compensación del desarrollo urbanístico tenía que devolver el coste de ese servicio a EMSULE una vez vendiese una «parcela hotelera» en la zona. «Esa es la parte que, de manera tendenciosa, se ha omitido», ha esgrimido.
