El Grupo municipal de Podemos Getafe, junto con PSOE y Más Madrid -los tres socios de Gobierno-, llevará al próximo Pleno una iniciativa de la ‘Asociación 7.291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias’ reclamando que «se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la Covid-19, y exigiendo verdad, justicia y reparación para que se depuren responsabilidades políticas».
En un momento en que los juzgados están tomando declaración a varios exaltos cargos del Gobierno regional por los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, la formación ‘morada’ y la asociación de víctimas han reclamado la reapertura de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
«Esto no se ha investigado judicialmente hasta ahora, seis años después, porque desde la Fiscalía de Madrid se archivaron todas las causas sin investigar», ha declarado la portavoz de la ‘Asociación 7.291: Verdad y Justicia’, Mayte Rodríguez.
El escenario
Entre los meses de marzo y abril de 2020, un total de 7.291 personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria ni atención sanitaria adecuada, como consecuencia de los ‘protocolos de la vergüenza’ enviados desde la Consejería de Sanidad.
En estos protocolos se prohibía el traslado de las personas enfermas o con algún tipo de dependencia a hospitales o centros medicalizados, aún habiendo plazas libres. Sin embargo, hay que resaltar que aquellas personas con seguro privado, sí pudieron ser trasladadas a hospitales privados.
La portavoz de Podemos y teniente de Alcaldesa, Alba Leo, ha asegurado que su formación no va a olvidar lo que pasó. «No vamos a dejar solas a las familias que están luchando contra viento y marea para que se haga justicia. Hagamos lo imposible hasta que haya verdad, justicia y reparación para las 7291 víctimas y sus familias. No vamos a dejarlas solas», ha esbozado.
Una «violación de derechos» humanos
Por su parte, Mayte Rodríguez ha declarado que las 7.291 víctimas «constituyen la mayor violación de derechos humanos de nuestro país en tiempos de paz». «Y estas víctimas no se produjeron por el Covid, sino por una decisión política del gobierno de Isabel Díaz Ayuso», ha expresado.
A juicio de Podemos, las declaraciones en sede judicial de Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y firmante de los protocolos, «han ratificado la veracidad y aplicación de dichos documentos y que ninguna residencia fue medicalizada».
La iniciativa municipal insta a la Asamblea de Madrid a reabrir la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, disuelta tras la convocatoria de elecciones anticipadas de 2021, con «el objetivo de avanzar en la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, y para evitar que hechos similares puedan repetirse».
Nuevas pruebas
En este sentido, Mayte Rodríguez ha recordado que, «ahora, seis años después, con un proceso judicial abierto, con nuevas pruebas y nuevas declaraciones de los responsables, exigimos que Madrid sea una comunidad transparente y que la Asamblea abra de nuevo la comisión de investigación«.
«Es intolerable que después de seis años no haya habido ningún tipo de justicia ni reparación para las víctimas y sus familiares, a pesar de que los hechos muestran claramente que las decisiones políticas fueron responsables directas de las muertes de 7.291 personas”, ha señalado Alba Leo.
Asimismo, la proposición exige proteger a las trabajadoras y trabajadores de las residencias cuando denuncien la falta de recursos materiales y humanos que afectan a la calidad de la atención.
