El Tribunal de Cuentas investigará «posibles irregularidades» en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid después de que el PSOE llevará ante este órgano fiscalizador la presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos de sanidad privada Quirón y Ribera Salud.
Así consta en el escrito del Departamento 3º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en el que se acuerda abrir la pieza de Acción Pública con la información aportada por los socialistas. Ante esta decisión cabe recurso en los cinco días siguientes a la notificación.
En este documento se reclama al PSOE -concretamente a su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar- que individualice los supuestos de responsabilidad contable de la Comunidad en su labor de intervención, administración, custodia o manejo de bienes, caudales o efectos públicos.
71 millones sin ‘apuntar’
Los socialistas se apoyaron en una información que apuntaba a que, entre 2017 y 2023, se habría dejado de apuntar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros en coste por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados.
Los socialistas han confirmado que se personarán en esta causa. El líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que «los regalos» de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a estos grupos sanitarios «no van a quedar impunes».
Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha celebrado que el Tribunal de Cuentas de «un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable» del Gobierno regional al «perdonar a estas empresas privadas 71,6 millones de euros sin justificar».
La Comunidad niega irregularidades
Por su lado, desde la Consejería de Sanidad explicaron en febrero que el informe al que se hace referencia «no es un informe oficial», sino «un documento interno de trabajo descontextualizado» y cuya interpretación «no refleja la realidad asistencial ni económica», ya que los datos corresponden a un volcado informático preliminar «que no recoge todas las fuentes de información clínica disponibles».
Según detallaron, «no existe falta de documentación». «La actividad clínica está plenamente registrada y puede consultarse por múltiples vías -Horus, historia clínica electrónica, informes en papel y aplicaciones específicas, citan-, que son las utilizadas habitualmente por los inspectores de la Consejería de Sanidad. La trazabilidad está garantizada», concretaron.
