La fundición ‘Corrugados Getafe’, perteneciente a CL Grupo Industrial y especializada en la fabricación de productos de acero corrugado, ha comunicado a sus 152 trabajadores su intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por extinción de actividad.
Según la empresa, esta decisión se adopta tras «un proceso sostenido durante cinco años, en los que la planta ha destinado casi 16 millones de euros a mejoras enfocadas en mitigar el impacto acústico y adecuarse a las exigencias derivadas de la Autorización Ambiental Integrada (AAI)». Se trata de la licencia que conceden las Administraciones y que fijan las condiciones de la actividad de la empresa.
Pese a que, según la compañía, estas actuaciones «han sido avaladas mediante auditorías externas realizadas por firmas de prestigio como AENOR, IQNET, Bureau Veritas y LRQA», el «fuerte crecimiento demográfico de Getafe -población que ha pasado de 20.000 a más de 190.000 habitantes- ha acabado por engullir el polígono industrial de Los Ángeles, donde Corrugados Getafe se instaló en la década de los años 60″.
En este sentido, Corrugados argumenta que esta presión vecinal, «unida a las recientes modificaciones administrativas en la Autorización Ambiental Integrada», han motivado la decisión.
Prohibición de trabajar por la noche
Y es que la Comunidad de Madrid modificó las condiciones de actividad de la empresa, impidiendo trabajar de noche tras las continuas denuncias vecinales por ruidos y ‘explosiones’ a altas horas de la madrugada. Y es precisamente en horario nocturno cuando «el precio y los peajes de conexión a la electricidad permite que la fundición resulte económicamente viable».
«Este cambio normativo supone un obstáculo insalvable para la continuidad de la actividad, en tanto que la producción con tales restricciones imposibilita que la planta sea competitiva en el medio y largo plazo, lo que pone en peligro la viabilidad de la misma y del propio grupo», argumenta la empresa.
Así ha influido Donald Trump en el cierre
A este contexto se suma un nuevo escenario en el mercado internacional. «La estrategia arancelaria impulsada por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha bloqueado las exportaciones chinas hacia el mercado norteamericano, provocando un redireccionamiento masivo de la producción asiática hacia Europa. Este cambio en los flujos del acero -esgrime Corrugados- amenaza con inundar el mercado europeo y genera una competencia que compromete aún más la viabilidad de la planta de Getafe».
«Después de casi cinco años, hemos intentado buscar soluciones a largo plazo. Lamentablemente, hemos tenido que tomar esta decisión que responde a un contexto social, regulatorio, energético y de mercado que ha cambiado radicalmente, y que no permite mantener la actividad en Corrugados Getafe»
Miguel Ángel Leal, CEO de la División Acero de CL Grupo Industrial
¿Qué pasará con los trabajadores?
Actualmente, Corrugados Getafe emplea a 152 personas. La Dirección del CL Grupo Industrial ha expresado su «firme compromiso» con los trabajadores afectados. Así, los empleados que «estén dispuestos a trasladarse podrán optar en la medida de lo posible a procesos de recolocación en otras plantas del grupo ubicadas en diferentes zonas de España».
Mientras, para quienes no cuenten con disponibilidad de movilidad geográfica, «se pondrán en marcha programas de apoyo a la transición profesional, en colaboración con las agencias de recolocación contratadas por la propia compañía, del Ayuntamiento de Getafe y de la Comunidad de Madrid».
«Después de casi cinco años, desde que entramos en esta compañía en la que hemos intentado buscar soluciones a largo plazo, lamentablemente, hemos tenido que tomar esta decisión que responde a un contexto social, regulatorio, energético y de mercado que ha cambiado radicalmente, y que no permite mantener la actividad en Corrugados Getafe», ha señalado el CEO de la División Acero de CL Grupo Industrial, Miguel Ángel Leal.
El directivo ha señalado que su prioridad «ha sido siempre mantener la actividad industrial dentro del cumplimiento legal y el respeto a las comunidades locales, pero las inversiones que exigían mantener la planta o construir una nueva son absolutamente inasumibles».
