Pocas soluciones reales. Es lo que considera el Gobierno de Sara Hernández, en Getafe, a raíz de las medidas anunciadas para limitar la actividad de la fundición Corrugados en la localidad.
Desde hace años, las emisiones olorosas, los ruidos y la contaminación al aire martirizan a los barrios de Los Molinos y de Camino Viejo de Pinto en Juan de la Cierva.
Con el estudio y revisión de la nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), el Consistorio y los vecinos confiaban en que se pusiese punto final a las molestias. El resultado fue la prohibición de actividad en horario nocturno y la aplicación de mediciones para los ruidos.
«La modificación de la autorización se ha hecho sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por el Consistorio, que no han sido respondidas, ni justificada su ausencia en la resolución»
Sara Hernández, alcaldesa de Getafe
Sin embargo, el Consistorio getafeño considera que son insuficientes. Esto ha motivado que la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, haya presentado un recurso de alzada contra la aprobación de la modificación de la AAI.
En este documento, la regidora argumenta que esta modificación se «ha hecho sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por el Consistorio«. «No han sido respondidas, ni justificada su ausencia en la resolución», alega la regidora.
A juicio del Gobierno getafeño, esto implica que la modificación «no se ajusta a derecho y genera indefensión en la ciudadanía de Getafe». Se trata de uno de los últimos intentos desde la esfera local para intentar tumbar la AAI.
12 expedientes sancionadores a Corrugados
La Plataforma de Afectados por Corrugados comparte un postulado similar. La entidad recuerda que «Corrugados tiene abiertos hasta 12 expedientes sancionadores por emisiones y ruido que no han servido para que corrijan las deficiencias».
Así, ha reprochado a la Comunidad de Madrid «no haber tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas«.
En este sentido, una de las cuestiones es que se dejan fuera de la AAI «las molestias por ruido en viviendas, que nunca se ha querido sancionar».
Sentencias judiciales obviadas
Además, considera el Gobierno municipal que la Comunidad no ha tenido «en cuenta sentencias judiciales que han cerrado la puerta al Ayuntamiento a esta posibilidad».
Ni tampoco un informe jurídico aportado, elaborado por la Universidad Carlos III, que «deja claro que la AAI debe establecer todas las circunstancias de la actividad de la empresa, se produzcan tanto en espacio industrial como residencial, y por tanto deben ser vigilados por quien la concede, la Consejería de Medio Ambiente», según las mismas fuentes.
En este contexto, los vecinos afectados siguen reclamando medidas. Y han dado un paso más al recordar que la Unión Europea (UE) ha autorizado recientemente el establecimiento de indemnizaciones para personas que enfermen por contaminación del aire.
