El PP dice que la justicia ha avalado la gestión de GISA durante su Gobierno.
GETAFE/ 8 DE NOVIEMBRE DE 2019/ El Juzgado de lo Penal nº4 de Getafe ha dictado la absolución de la que fuera gerente de la agencia local GISA durante el gobierno del PP en la ciudad (2011-2015), Mª Luisa Gil, acusada de un delito de prevaricación en el denominado “caso Ganga”. La sentencia también absuelve también a la técnico de GISA Juana Álvaro.
El origen de los hechos está en 2014 con la contratación por parte de GISA del abogado Alberto Ganga, que obtuvo la máxima puntuación en el concurso convocado por la empresa municipal para cubrir esa plaza.
Ganga fue despedido a los 29 días por no haber pasado el periodo de prueba, lo que le llevó a presentar una querella por prevaricación contra Gil. Y es que, según el denunciante, se habían favorecido los intereses del abogado que le sustituyó en el puesto y que también fue despedido al no cubrir las expectativas de la empresa durante el periodo de prueba.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, deja claro que “los hechos declarados probados no son constitutivos de delito alguno”, por lo que tanto Gil como Álvaro quedan “absueltas de los delitos por los que venían acusadas”.
Los hechos provocaron que en 2017 se presentara una nueva querella contra la dirección de la empresa municipal bajo el mandato de Juan Soler (PP), en este caso a cargo de Sara Hernández (PSOE), que ya ejercía como alcaldesa de la localidad.
Indemnización
Al regresar el PSOE al Gobierno de Getafe, la dirección de GISA pactó con Ganga una indemnización de 60.000 euros por apenas 29 días de trabajo, sin esperar siquiera a que los tribunales resolvieran sobre la legalidad de su despido. Esta circunstancia llevó al PP a criticar que el PSOE indemnizara con esa cantidad a un abogado que estaba llevando la acusación contra el gobierno de Juan Soler por el ‘Caso Teatro’.
Sin embargo, desde el PSOE explicaron que la única responsable de pactar esa indemnización fue la consejera delegada de GISA, la concejala Mónica Cerdá, que había sido expulsada del Partido Socialista por haber presentado una denuncia falsa contra Sara Hernández y que ejerció como concejala no adscrita durante buena parte de la pasada legislatura.
“Un proceso regular”
Fuentes del PP han asegurado a Noticias para Municipios que la justicia ha avalado un “proceso que fue regular” que “no tiene duda jurídica alguna”.
Desde el PP celebran esta sentencia absolutoria y han mostrado su confianza en la justicia, que “ha avalado la gestión de GISA durante el Gobierno del PP”.