Un juzgado ha archivado la denuncia que interpuso el PP de Getafe contra miembros del Gobierno local por la indemnización de 60.000 euros a un abogado, A.G., que trabajó solo 29 días en la empresa pública de desarrollo local Getafe Iniciativas (GISA).
El abono de esta indemnización en 2017 derivó en el inicio de acciones judiciales por parte de los ‘populares’. Según la denuncia, el abogado trabajó durante 29 días «en un período de pruebas que no superó y sin ninguna antigüedad en la empresa».
Tras conocerse la resolución, el Partido Socialista ha asegurado que el PP ha vuelto «a estrellarse contra el muro de la justicia, en su campaña constante para tratar de emponzoñar la política local, regional y nacional».
En este punto, han detallado que la «estrategia de judicialización» que lleva a cabo el PP de la vida política «solo busca generar bronca política». «Este tipo de denuncias suponen una pérdida de recursos públicos que pueden ser destinados a juzgar delitos como la violencia machista, o los delitos de odio», han manifestado los socialistas.
El portavoz del PP, Antonio José Mesa, ha manifestado que «según los cálculos de indemnizaciones por despidos laborales le hubiera correspondido una cantidad de 466,82 euros». «Sin embargo -ha apostillado-, se le indemnizó con 60.000”. Tras ello, ha responsabilizado a la alcaldesa, la socialista Sara Hernández, de permitir esta indemnización.
El PP recurrirá
El PP, por su lado, ha anunciado que recurrirá en apelación el auto de lo que define como ‘Caso Ganga’. «Muy lícito no parece y, por eso, recurriremos el auto, porque la Justicia nos permite hacerlo», ha emplazado.
Entretanto, el Partido Socialista considera que el PP de Getafe, «con la colaboración del PP regional y su secretario general, Alfonso Serrano, derraparon cuando denunciaron una supuesta trama de cobros ilegales en el trámite de licencias de terrazas que la Fiscalía archivó rápidamente».
«O, más recientemente, con su denuncia falsa de tratos de favor por la instalación de la pantalla acústica en la A-42 a su paso por La Alhóndiga, en una licitación que es estatal y nada tiene que ver con el Ayuntamiento», han zanjado.
