Las grabaciones de las cámaras de seguridad constituyen la principal prueba de cargo en el juicio que se celebra contra cuatro presuntos miembros de los Dominican Don’t Play (DDP) acusados del asesinato de un joven de 21 años supuestamente de una banda rival en una discoteca de Fuenlabrada.
Lo ocurrido se remonta a la madrugada del 3 de octubre de 2022, en las inmediaciones de la discoteca Caña Brava tras un concierto vinculado al entorno de bandas juveniles enfrentadas. Según el fiscal, el crimen se produjo como represalia por un tiroteo anterior a manos de miembros de los trinitarios.
El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular que deberá enjuiciar los hechos y con la lectura de los escritos de acusación. El principal acusado se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable y a 75 años de cárcel por un delito de asesinato y dos en grado de tentativa.
Condenados dos menores
Por estos hechos ya fueron condenados hace más de un año dos menores de edad, considerados autores materiales de los disparos. Ahora se juzga al presunto cabecilla del grupo como autor intelectual y a otros tres presuntos miembros de la banda.
Niegan su implicación
Los procesados niegan su intervención en el asesinato en base a la condena de los menores autores materiales. Sin embargo, la acusación particular sostiene que las grabaciones de las cámaras de la zona les captaron un día antes en el escenario del crimen planificando el ataque.
En su informe previo, el fiscal ha subrayado que la banda de los DDP es «una organización criminal» y ha sido disuelta como tal por los tribunales de justicia. «No son escrupulosos a la hora de elegir a sus víctimas. Todos somos víctimas potenciales», ha reseñado.
Antes del inicio de la vista, el abogado de uno de los acusados ha defendido que a su cliente solo se le acusa de pertenencia a organización criminal. Según su versión, la acusación se basa únicamente en su supuesta vinculación con los DDP, algo que niega.
El letrado sostiene que no existen pruebas que acrediten la existencia de la banda como organización estructurada, citando resoluciones del Tribunal Supremo que, según afirma, cuestionan su consideración como grupo criminal organizado.
También ha señalado que su cliente fue detenido inicialmente pero quedó en libertad al no apreciarse indicios suficientes, indicando que no reside ya en Madrid desde hace más de tres años y que no estaba presente el día de los hechos. Además, asegura que ni siquiera es de origen dominicano ni tenía relación con la víctima.
La acusación
Por su parte, el abogado de la familia del fallecido respalda íntegramente la petición del Ministerio Fiscal y reclama también indemnización para los familiares.
Según el letrado, aunque el supuesto cabecilla no estuvo físicamente en el lugar del crimen, existe abundante prueba de su implicación, incluidas conversaciones, grabaciones y seguimientos policiales. El letrado sostiene que los acusados habrían planificado el ataque con antelación y que incluso acudieron el día previo a ensayar el crimen, quedando registrados por cámaras de seguridad.
También apunta a la existencia de una estructura jerárquica dentro del grupo y órdenes directas que habrían desencadenado el ataque. La acusación subraya que los dos menores ya condenados habrían sido utilizados como ejecutores materiales del crimen y que actuaron bajo instrucciones de adultos.
El juicio, que se prolongará durante todo el mes de marzo, tratará de esclarecer la planificación del ataque, la autoría intelectual y la relación entre los acusados y el joven fallecido. El jurado popular deberá determinar si existió una organización criminal detrás del crimen y el grado de responsabilidad de cada procesado.
