El centro de primera acogida para menores migrantes de La Cantueña ha provocado un nuevo choque entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid, después del reciente pronunciamiento judicial que reconoce al Gobierno regional la titularidad de la finca.
El alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, ha acusado a la Comunidad de intentar “castigar” a la ciudad con la ubicación del centro, mientras el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, le ha pedido que deje de poner “palos en la rueda” y ha asegurado que “se equivoca de ventanilla” al dirigir sus críticas contra el Ejecutivo autonómico.
Ayala denuncia una ubicación aislada
El alcalde ha reiterado su rechazo al centro y ha cuestionado tanto su emplazamiento como el modelo elegido para atender a los menores.
Ayala ha sostenido que el recurso se encuentra “a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización”, dentro de un polígono industrial, y ha criticado que concentre a más de un centenar de menores, cuando, a su juicio, deberían ser atendidos en espacios más pequeños y personalizados.
“La Comunidad de Madrid intentó castigar a la ciudad de Fuenlabrada con la ubicación de este centro”, ha afirmado tras la Junta Local de Seguridad.
La Comunidad acusa al alcalde de obstaculizar
La respuesta del Gobierno regional ha llegado a través de Miguel Ángel García Martín, quien ha reprochado a Ayala su posición y le ha instado a dejar de obstaculizar la puesta en marcha del recurso.
“Se equivoca de ventanilla”, ha señalado el portavoz autonómico, que ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación migratoria y de haber obligado a las comunidades autónomas a habilitar nuevos centros para atender a menores no acompañados.
“Ha sido precisamente el Gobierno socialista de Pedro Sánchez que tanto defiende el señor Ayala el que ha generado el caos migratorio en nuestro país”, ha defendido el consejero.
“No han llegado por generación espontánea”
García Martín ha asegurado además que los menores no han llegado a la Península por “generación espontánea”, sino como consecuencia de la política migratoria del Ejecutivo central.
El consejero ha sostenido que los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid “ya en diez ocasiones” en los distintos conflictos relacionados con La Cantueña.
Por ello, considera que, si Ayala está preocupado por la situación, debería sumarse a las reclamaciones del Gobierno regional y exigir a Sánchez que “ponga orden en una política migratoria que se ha convertido en un caos”.
“Ha sido precisamente el Gobierno socialista de Pedro Sánchez que tanto defiende el señor Ayala el que ha generado el caos migratorio en nuestro país”, ha defendido el consejero.
El Ayuntamiento mantiene el recurso por la finca
Pese al último fallo judicial, el Ayuntamiento de Fuenlabrada mantiene su reivindicación sobre la titularidad de la finca y del Cerro de La Cantueña.
Ayala ha confirmado que el Consistorio continuará con el recurso presentado al considerar que el inmueble está vinculado al mantenimiento y conservación de la zona.
La sentencia del Tribunal de Instancia de Madrid declara prescrita la condición resolutoria que pesaba sobre los terrenos y ordena su cancelación en el Registro de la Propiedad, reconociendo a la Comunidad la “única y exclusiva” titularidad de la finca. El fallo todavía puede recurrirse.
Ayala ha confirmado que el Consistorio continuará con el recurso presentado al considerar que el inmueble está vinculado al mantenimiento y conservación de la zona.
Falta de información sobre el centro
El alcalde también ha lamentado que el Ayuntamiento no disponga de información sobre el funcionamiento del centro ni sobre la situación de los menores acogidos.
“Es lamentable que el alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes tenga que decir que no tiene ningún dato de lo que allí sucede”, ha remachado.
El conflicto de La Cantueña suma así un nuevo capítulo, con acusaciones cruzadas entre ambas administraciones y con la propiedad de la finca, la ubicación del centro y la política migratoria convertidas en arma política.
