La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid (CCOO) recoge en un reciente informe sobre la exposición al amianto en centros de enseñanza públicos no universitarios que en Collado Villalba hay nueve espacios educativos que están o pudieran estar afectados por la presencia de amianto. En la Dirección de Área Territorial Oeste, a la que pertenece el municipio, las localidades más afectadas por esta situación son Collado Villalba, Majadahonda y Las Rozas.
Ante estos datos, Más Madrid Collado Villalba ha reclamado al equipo de Gobierno municipal a que elabore un inventario de los edificios con presencia de amianto y, a partir de ese listado, desarrollar una estrategia para la erradicación de dicha sustancia en la localidad. Este planteamiento se haría «priorizando aquellos edificios con mayor incidencia sobre la población más vulnerable, como es el caso de los centros escolares», explican desde Más Madrid. La petición está registrada en una moción que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento.
Más Madrid califica de «urgente» la realización de este inventario y pide, además, la reactivación del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, «que lleva varios años sin reunirse ni tener actividad alguna»; la realización de una campaña informativa sobre los riesgos de la exposición al amianto; y la cooperación con las autoridades autonómicas y estatales en los programas para la retirada de amianto de los edificios.
“En Más Madrid estamos preocupados con este tema, desde hace muchos meses llevamos incidiendo sobre la cuestión del amianto y su posible presencia en los centros educativos de titularidad municipal y de la Comunidad de Madrid», recuerda Gonzalo Díaz, portavoz del grupo municipal Más Madrid en el Consistorio.
Díaz acusa al Ejecutivo local de haber estado este tiempo mirando hacia otro lado: «no está actuando con rapidez necesaria ante la premura de plazos, máxime cuando estamos hablando de edificios de titularidad municipal y de lugares donde están expuestos alumnos y docentes”, ha recriminado el portavoz de la formación.
La grave afección a la salud que genera la exposición al amianto, contenido en diversos elementos constructivos, «es un problema muy generalizado», explican desde Más Madrid, debido al profuso empleo de este material tóxico y cancerígeno, en todo tipo de edificios: en elementos ignífugos, en placas de fibrocemento para tejados, en tuberías de fibrocemento y otros elementos constructivos. En España tuvo un periodo de máxima utilización entre 1960 y 1984.
El 74% de los centros educativos de la Comunidad de Madrid podrían tener amianto, según el informe elaborado por CCOO, lo que supone un total de 925 centros. Estos espacios de enseñanza cuentan con 22.408 profesores y más de 220.000 alumnos. La mayoría de ellos se concentran en Madrid capital, con 361 centros afectados, seguido de la zona sur con 244 y la este con 171. La mayor parte de ellos se sitúan en los municipios de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, así como los distritos de Puente de Vallecas, Latina y Carabanchel.
Eliminar el amianto: objetivo prioritario en la UE
Con la finalidad de proteger a la población de los efectos del amianto, la Unión Europea ha venido legislando desde hace varios años en este sentido, tal y como recuerdan en Más Madrid. Así, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065(INI)) (3) y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Erradicar el amianto en la UE» (2015/C 251/03) (4), establecen como objetivo prioritario en la Unión Europea la eliminación de todo el amianto a través de planes de acción de los estados miembros.
Las resoluciones y directivas europeas se han visto reflejadas en la legislación española en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (5). En su disposición adicional decimocuarta, sobre instalaciones y emplazamientos con amianto, establece que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada».
La normativa detalla también que, tanto el censo, como el calendario, tendrán carácter público y serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. «Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028», continúa.
Dicha norma entró en vigor el 10/04/2022, por lo que «el plazo establecido vence el 10/04/2023, dentro de 6 meses», avanza Díaz..
