El Ayuntamiento de Alcorcón mantiene abierta la revisión del expediente del tanatorio-crematorio proyectado en la calle Industrias, 19, en el polígono Urtinsa, después de que la movilización vecinal y la recogida de miles de firmas hayan llevado al Consistorio a reexaminar la tramitación.
Lo hace a pesar de que la Comunidad de Madrid ha vuelto a pronunciarse favorablemente sobre los informes de Salud Pública y Medio Ambiente que afectan al proyecto, según ha avanzado este jueves la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), en declaraciones a los medios.
La instalación, promovida por Interfunerarias, está prevista en una parcela situada aproximadamente a 350 metros de las primeras viviendas del entorno de Ondarreta. La proximidad a zonas residenciales y a otros espacios frecuentados por vecinos ha provocado una creciente contestación ciudadana y una campaña de recogida de firmas.
Una licencia que el Ayuntamiento considera reglada
La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento se encontraba obligado a tramitar la licencia al tratarse de una parcela privada cuyo uso resulta compatible con la normativa urbanística aplicable y al contar el expediente con los informes preceptivos correspondientes.
“En la licencia del tanatorio sabéis que teníamos que dar la licencia, era una parcela privada, que cumple una normativa, que es de la Comunidad de Madrid la que tiene que dar los informes y el Ayuntamiento no tenía más que la obligación de dar esa licencia”, ha insistido.
Sin embargo, Testa no se da por vencida y ha anunciado más medidas para tratar de frenar el tanatorio-crematorio, cuya licencia de obras fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el 10 de marzo de 2026.
En un principio, el expediente municipal señala que la actuación se ajustaba a la normativa urbanística aplicable y recoge informes técnicos y jurídicos favorables.
Durante la tramitación, la Comunidad de Madrid también intervino, entre otros aspectos, mediante los informes de Salud Pública y de calidad atmosférica que el Ayuntamiento había solicitado volver a examinar.
Las firmas permiten reabrir la revisión
El Ayuntamiento ya había anunciado en junio que la providencia de Alcaldía había puesto en marcha la revisión de la documentación y que el expediente volvería a remitirse al Gobierno regional para que examinara los informes autonómicos.
La revisión pretendía comprobar nuevamente toda la documentación incorporada durante la tramitación, en especial aquellos aspectos relacionados con la salud pública y el impacto ambiental.
Sin embargo, la respuesta de la Comunidad de Madrid, según ha explicado ahora la alcaldesa, no ha modificado la situación. “Recientemente hemos recibido las dos comunicaciones de la Comunidad de Madrid donde se reafirman en esos informes favorables de Sanidad y de Medio Ambiente y por parte de la Comunidad de Madrid ya no hay nada más que decir”, ha afirmado.
La nueva posición autonómica deja al Ayuntamiento ante un escenario complejo: los informes sectoriales que había solicitado revisar vuelven a ser favorables, mientras que el Gobierno municipal asegura que continuará buscando vías jurídicas y técnicas para analizar si existe alguna posibilidad de actuación.
La Zona de Bajas Emisiones, una nueva vía en estudio
El Ayuntamiento no considera cerrada la cuestión. Una de las nuevas líneas de trabajo consiste en estudiar la posible relación entre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alcorcón y los efectos de la licencia concedida al proyecto.
“Estamos analizando cómo la Zona de Bajas Emisiones, como normativa general de interés público, podría influir en un derecho privado de una licencia”, ha explicado Testa.
La cuestión tiene una dimensión fundamentalmente jurídica. Una ZBE está vinculada a objetivos de movilidad y calidad ambiental y establece determinadas condiciones sobre el tráfico y el acceso de vehículos. La cuestión que ahora estudia el Ayuntamiento es si ese marco normativo puede tener alguna consecuencia sobre una actividad privada que dispone de una licencia ya concedida.
El alcance de esta vía dependerá de la normativa concreta aplicable y de cómo pueda articularse jurídicamente sin entrar en contradicción con los derechos del titular de la licencia.
Una auditoría externa específica sobre el impacto ambiental
A esta vía se suma ahora una segunda iniciativa: el Ayuntamiento encargará una auditoría externa y específica sobre las cuestiones medioambientales del proyecto.
La finalidad, según ha explicado la alcaldesa, será “ahondar más en las cuestiones medioambientales” y disponer de un análisis independiente que permita al Consistorio profundizar en aquellos aspectos que afectan a la instalación.
Esta auditoría se plantea después de que los informes autonómicos hayan vuelto a resultar favorables. Su contenido podría servir para aportar una nueva evaluación técnica al expediente, aunque su alcance y sus posibles consecuencias administrativas dependerán de las conclusiones que finalmente se obtengan.
La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento no se ha marcado un plazo para concluir estas actuaciones. «No tenemos plazos y lo que queremos es hacerlo bien”, ha zanjado.