El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, ha tachado de “aberrante” que se compare la inhabilitación de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), con el registro este lunes del despacho de la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán (PP), por parte de la Guardia Civil.
“Es aberrante comparar un caso con el otro”, ha reprochado Ossorio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por qué responsabilidades cree que debería pedírsele a Millán, tras haber exigido la dimisión de De Andrés.
El portavoz del Gobierno regional ha asegurado que en el caso de Arroyomolinos se remonta a 2006, cuando Millán era concejala y “no se podía saber que sería alcaldesa” y, sobre todo, que no está “imputada ni investigada”.
Frente a ello, ha situado el caso de Alcorcón, donde un tribunal ha inhabilitado para no poder gestionar caudales públicos, pero la alcaldesa “se mantiene en su puesto” y “dice que no va a dimitir”.
“Se inventaron los dividendos y quebraron la sociedad”, ha resumido el consejero, quien entiende que “no hay comparación” entre ambos porque “una tiene una sentencia firme”.
Registro en Arroyomolinos
Agentes de la Guardia Civil han registrado este martes el despacho de la alcaldesa de Arroyomolinos en el marco de una investigación judicial por su etapa anterior como concejala. También han registrado las instalaciones de una empresa de servicios sin que se hayan registrado detenciones.
La investigación trata de dilucidar la procedencia de unos ingresos de unos 900 euros al mes que habría recibido la alcaldesa por el presunto alquiler de un ático de su propiedad a un directivo de la empresa ‘Neverland’.
Este contratista habría facturado, según la Cadena Ser, alrededor 700.000 euros de 2004 a 2011 al ayuntamiento, por trabajos relacionados con cursos y talleres.
Sentencia en Alcorcón
En el caso de Alcorcón, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado a la actual alcaldesa, Natalia de Andrés (PSOE), a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa).
En esta misma causa, además de la actual regidora, también ha sido condenado a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa en 2010.
Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda que actualmente está en concurso de acreedores.
