La Comunidad de Madrid espera poder restablecer el servicio de la Línea 7B de Metro de Madrid a finales de año si se culminan correctamente los trabajos que la mantienen cerrada desde agosto entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, que los trabajos de consolidación e impermeabilización que se están acometiendo en esta infraestructura están dando «buenos resultados».
«Esperamos que los trabajos en pocos meses estén completados», ha augurado Pérez, quien ha destacado, además que todas las líneas de trabajo para atajar este problema están «muy avanzadas».
«Con todas las garantías de seguridad»
Aún así, ha insistido en que la reapertura de este servicio, que en este momento realizan autobuses sustitutivos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), solo se realizará cuando se tengan «todas las garantías» de seguridad.
El corte comenzaba el pasado agosto con el objetivo del afianzamiento del terreno afectado para poder asegurar su estabilidad y «resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua» en este tramo.
Esta es una de las vertientes en las que está trabajando la Comunidad de Madrid para hacer frente a los problemas generados por la Línea 7B de Metro de Madrid, que han causado el derribo de viviendas y desalojos en San Fernando de Henares.
Precisamente, sobre la Comunidad de Madrid comenzará este jueves a llamar a los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid para informarles de las indemnizaciones que recibirán por la demolición de sus viviendas tal y como ha explicado Pérez.
Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid, Alejandro Escribano, ha tachado de «migajas» y «limosna» las indemnizaciones que han planteado desde la Comunidad de Madrid para los vecinos de San Fernando de Henares a los que han derribado sus casas y entiende que lo que busca el Ejecutivo regional es la judicialización del problema para acabar «ganando por agotamiento» ante unos vecinos que no puedan asumir la lucha en los tribunales.
«La cuestión no es la horquilla, sino cuánto dinero les va quedar a las familias para reiniciar una vida«, ha lanzado tras conocerse que van a empezar a llamar a los vecinos para informarles de las cuantías, que oscilan entre 136.000 y 355.000 euros.