El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso de reposición interpuesto por Cemonada, filial de OHL

MÓSTOLES/ 27 MAYO 2019/ La Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso de reposición interpuesto por Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), filial de OHL, y ha decretado la suspensión de la Orden de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid (de octubre de 2018) para la reclamación de la indemnización.

Según ha adelantado el diario digital Voz Populi, en un auto fechado el pasado 21 de mayo, el juez acordado paralizar la orden en la que la Comunidad de Madrid reclamaba a la empresa del grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir 356 millones de euros por las obras inacabadas del tren de Cercanías que debía unir Móstoles y Navalcarnero.

La Sala reclamó a OHL un aval de 212,3 millones para suspender la ejecución de esa Orden de la Comunidad de Madrid, recurrida por la compañía. El reciente auto elimina la necesidad de presentar aval bancario, y suspende la reclamación dineraria en contra de la filial de OHL.

Del auto se desprende que la decisión tomada por Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid de resolver el contrato con la constructora y reclamar una indemnización millonaria está siendo cuestionada.

La Sala del TSJM considera que la Orden de Cifuentes, recurrida, “no es conforme a derecho”, al haber quedado “sin cobertura jurídica”, y que en la pretensión de Cemonasa existe “una apariencia de buen derecho“.

Obras del tren Móstoles-Navalcarnero, paralizadas desde 2010

Obras paralizadas en 2010

Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por “imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

“Estando el Gobierno en funciones, en 2015, ellos decidieron resolver el contrato unilateralmente, al entrar en concurso de acreedores”, ha explicado Rollán, alegando que “fueron ellos los que asumieron la obra en función de unas expectativas“, pero que “si desestimaron continuar la obra, no es su problema”.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó en septiembre de 2017.

La comunidad disponía de un aval de 16 millones de euros, que se ejecutó, siendo el aval de mayor cuantía de la historia que ha ejecutado la Comunidad de Madrid“, ha recalcado el vicepresidente regional, quien ha recordado que en una primera sentencia, emitida en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno regional.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que “ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado”.

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2 Comentarios

  1. Menuda vergüenza. TIENEN que terminar esas obras. Mas de 30.000 personas necesitan esa conexión y además ayudaría a descongestionar la intransitable A5

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