El Ejecutivo regional cubre casi la mitad de una multa, que ascendía a 34 millones de euros, impuesta a principios de 2016

MÓSTOLES/ 26 JUNIO 2017/ La Comunidad de Madrid ha ejecutado el aval que Cemonasa, la concesionaria de OHL adjudicataria de la construcción y explotación del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, depositó en su momento por un importe de 16 millones de euros, al no haber ejecutado ésta las obras comprometidas.

Con ello, el Ejecutivo regional cubre casi la mitad de la multa -que ascendía a 34 millones de euros- impuesta a principios de 2016 a la compañía por no haber cumplido el plazo de ejecución de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero, las cuales deberían estar acabadas en septiembre de este mismo año.

Una vez ingresados estos 16 millones de euros, ahora la Consejería de Transportes deberá esperar a la resolución del contencioso por disconformidad de Cemonasa -que desde marzo se halla en fase de liquidación- por la resolución del contrato de concesión por incumplimientos de la Comunidad de Madrid.

El alcalde de Móstoles, David Lucas (PSOE), cuyo Ayuntamiento también está personado en la causa contra Cemonasa, ha señalado que es “correcto” lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y la ha animado “seguir dando pasos, no sólo por las garantías que están depositadas sino por todas las penalidades”.

“La Comunidad debe exigir a OHL que cumpla con la obra o, en todo caso, si no cumple, que se le exija las responsabilidades económicas para que podamos obtener los resarcimientos suficientes para que algún día se reinicien y se terminen las obras”, ha concluido Lucas.

Cartel obras nueva linea Móstoles-Navalcarnero

Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por “imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

“Estando el Gobierno en funciones, en 2015, ellos decidieron resolver el contrato unilateralmente, al entrar en concurso de acreedores”, explican desde la Consejería, alegando que “fueron ellos los que asumieron la obra en función de unas expectativas”, pero que “si desestimaron continuar la obra, no es su problema”.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaría en septiembre de 2017.

“Como ya ha transcurrido el tiempo suficiente, se ha comprobado que OHL no va a culminar las obras y como ya es imposible que lo hagan en el plazo que se les dio, se decidió finalmente iniciar este proceso de resolución de contrato”, insisten desde la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Ahora, gracias a la ejecución de ese aval, la Comunidad de Madrid ha logrado recuperar 16 millones de euros, aunque, según fuentes de la Consejería, habrá que esperar hasta la resolución judicial para acometer cualquier actuación sobre la ampliación de la línea C5 a Navalcarnero, que está paralizada desde 2010.

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