El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso de reposición interpuesto por Cemonada, filial de OHL
MÓSTOLES/ 27 MAYO 2019/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado anular la orden en la que la Comunidad de Madrid reclamaba a Cemonasa, filial de OHL, una indemnización de 356 millones de euros por las obras inacabadas del tren de Cercanías que debía unir Móstoles y Navalcarnero.
Según ha adelantado ‘Voz Populi’, la Sección Tercera del TSJM ha estimado finalmente el recurso de reposición interpuesto por Cemonasa para la suspensión de la Orden de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras dictada en octubre de 2018.
En una sentencia anterior, el TSJM ya había paralizado la orden de reclamación de la Comunidad de Madrid, ya que consideraba que dicha orden recurrida por OHL, no era “conforme a derecho”, al haber quedado “sin cobertura jurídica”, y que en la pretensión de Cemonasa existía “una apariencia de buen derecho”.
En un principio, la Sala reclamó a la filial de OHL un aval de 212,3 millones para suspender la ejecución de esa Orden de la Comunidad de Madrid, recurrida por la compañía, pero el reciente auto elimina la necesidad de presentar aval bancario, y anula la reclamación dineraria en contra Cemonasa.
Del auto se desprende que la decisión tomada por la entonces presidenta regional, Cristina Cifuentes, de resolver el contrato con la constructora y reclamar una indemnización millonaria por el abandono de las obras del tren a Navalcarnero “no se ajusta a derecho”.
Por ello, anula la orden emitida de la Comunidad de Madrid por la que se acordó la resolución del contrato de concesión por “incumplimiento culpable” y condena en costas a la Administración regional, aunque sobre la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Obras paralizadas en 2010
Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.
En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por “imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
“Estando el Gobierno en funciones, en 2015, ellos decidieron resolver el contrato unilateralmente, al entrar en concurso de acreedores”, ha explicado Rollán, alegando que “fueron ellos los que asumieron la obra en función de unas expectativas“, pero que “si desestimaron continuar la obra, no es su problema”.
Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó en septiembre de 2017.
“La comunidad disponía de un aval de 16 millones de euros, que se ejecutó, siendo el aval de mayor cuantía de la historia que ha ejecutado la Comunidad de Madrid“, ha recalcado el vicepresidente regional, quien ha recordado que en una primera sentencia, emitida en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno regional.
En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que “ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado”.