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El Instituto Municipal del Suelo de Móstoles (IMS), empresa pública de vivienda que tiene como accionista único al Ayuntamiento de la localidad, ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid un escrito de apertura de preconcurso de acreedores.

Según ha adelantado el diario Móstoles al Día y han confirmado a Noticias para Municipios fuentes municipales, el escrito de apertura de preconcurso de acreedores fue presentado el 30 de diciembre pasado, dando cumplimiento con ello al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la empresa municipal.

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Este acuerdo llega después de que una auditoría contable, encargada por la consejera delegada del IMS y edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, aflorara determinadas deudas de esta empresa, que obligó a reexpresar saldos en la contabilidad del ejercicio 2018 que, a su vez, afecta a los ejercicios 2019 y 2020.

De esta manera, tras la reformulación de la contabilidad, se ha dejado al descubierto una deuda con el Ayuntamiento de Móstoles, único accionista de la empresa, de «más de 56 millones de euros», lo que ha obligado al Consejo de Administración del IMS a presentar este escrito de apertura de preconcurso de acreedores.

«Ha quedado meridianamente claro que las cuentas del IMS, al menos desde el año 2011, no reflejaban la imagen fiel de la empresa, puesto que no se contemplaba la deuda millonaria con el Ayuntamiento de Móstoles adquirida y mantenida por los anteriores responsables del PP y de Más Madrid Ganar Móstoles», ha añadido Ruiz.

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En este sentido, la auditoría encargada asegura que «se han estado aprobando en la Junta General del IMS unas cuentas que no se ajustaban a la realidad, al menos desde el año 2011, fecha en la que el PP decidió disolver la Empresa Municipal de Aparcamientos e integrar a su personal, su patrimonio y deudas en el IMS».

«Como determinó la auditoría independiente realizada en 2019 cuando este gobierno asumió la dirección de la misma, la presentación de este preconcurso es el último paso que debíamos dar para alcanzar el necesario acuerdo con el Ayuntamiento de Móstoles y garantizar así el futuro del IMS«, ha insistido Ruiz.

Acciones contra anteriores gestores

Además, desde el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, no descartan emprender las acciones judiciales que correspondan para depurar responsabilidades respecto a los anteriores gestores, tanto del PP, que gobernó el municipio hasta 2015, como de Ganar Móstoles, cuyo portavoz, Gabriel Ortega, presidió el IMS entre 2017 y 2018.

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En este sentido, desde el PP ya criticaron en su momento que la auditoría encargada por el Ejecutivo local era «un informe de parte, de dudoso rigor, que pretende ocultar su negligencia», el cual pretende servir de «excusa a su evidente dejación de funciones» por parte del Gobierno municipal.

«Esta dinámica del gobierno socialista de ataque continuo a la gestión del PP, pagada con los impuestos de los mostoleños, es para ocultar una nefasta gestión, en la que después de 6 años al frente del IMS no han sido capaces de diseñar ni un solo plan de vivienda municipal para atender las demandas de los vecinos», añadieron.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Gabriel Ortega, ya señaló que las cuentas del IMS fueron auditadas en esos años «por un auditor externo independiente», de acuerdo a la Ley de Sociedades de capital, y que «no cuestionaban en ningún momento esas cuentas» y que «tampoco nunca hubo salvedad alguna por parte de la Cámara de Cuentas».

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