La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés ha llamado este martes a la población a intentar frenar el desahucio de una madre con tres hijos menores de edad -uno de ellos de apenas 3 años- en situación de «vulnerabilidad social».

La PAH ha convocado desde primera hora de este martes en el número 17 de la avenida de Mendiguchia Carriche para intentar frenar el desalojo de Marita, quien, según la entidad, se «vio obligada a recuperar una vivienda de la Sareb, que okupa desde el año 2022, en plena pandemia y crisis del Covid-19».

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La PAH ha recordado que este desahucio podría producirse un día antes del inicio del curso escolar, con los perjuicios que ello acarrearía para esta familia, con menores de 13, 9 y 3 años.

Un día antes del inicio del curso escolar

«Añadimos que estamos a las puertas de un nuevo curso escolar con los gastos que acarrea y en medio de una crisis inflacionista y de subida de precios (después de las ya sufridas antes), que están pagando las familias más humildes, como la de Anita y sus hijos, y que agrava aún más sus difíciles situaciones», ha esgrimido.

La propietaria del piso, la Sociedad que aglutina los pisos de la banca -la Sareb-, «quiere paralizar el lanzamiento de desahucio», pero, según ha advertido, la jueza de refuerzo del juzgado de Instrucción número 1 de Leganés, que lleva este proceso judicial, «no ha querido atender ni a las demandas de la propiedad ni a la situación precaria de la familia y sigue con el desahucio hacia adelante».

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La gente, ante la convocatoria de un desahucio (Foto; PAH Leganés).

«Convocamos a todos a impedir esta injusticia social y a demostrar la solidaridad de la gente para que se evite que tres menores y su madre se queden en la calle. Sin olvidar -ha agregado la PAH-, que la Sareb es del pueblo y sus viviendas también».

Otro desahucio ‘vulnerable’

El pasado mes de junio, la Plataforma logró paralizar el desahucio que se iba a realizar a una madre en paro y su hija de un año en Leganés. Finalmente, el juzgado tuvo en cuenta el «informe de vulnerabilidad» de esta familia monomarental que han elaborado los Servicios Sociales.

En la misma línea, la empresa propietaria de la vivienda, la compañía de servicios inmobiliarios ‘Aliseda’, remitió un escrito a los juzgados para que no se ejecutara el desalojo.

La PAH ha lamentado que se siga procediendo a desahucios de personas pese al Real Decreto que los impide hasta el próximo mes de septiembre debido a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus.

«Es injusto que no se paren desahucios con el decreto. Nos parece muy vergonzoso. El caso de Alissa ha sido un triunfo pero seguimos denunciando la pasividad del Gobierno, que no vela por que se cumpla el Decreto de los desahucios», ha declarado.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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2 Comentarios

  1. Tanto la PAH como usted podría preguntarnos a los vecinos. Mientras está okupa que no trabaja pero alquila las habitaciones de la vivienda y le compra un patinete eléctrico al niño de más de 800€, nosotros soportamos el vandalismo que provocan, su incivismo. Nada de pobre Marita. El resto pagamos hipoteca y los gastos de la comunidad mientras ella vive por la cara. Ayuda a quien realmente lo necesite

  2. Estimados @noticiasparamunicipios,
    Me gustaría compartir la información que no se indica en este artículo o que no es exactamente como se describe.
    Marita no es propietaria del piso en el que esta viviendo. Marita accedió a este piso en 2019 contratando los servicios de una mafia dedicada a facilitar el acceso a viviendas para su ocupación. En aquel momento esta vivienda del Sareb estaba siendo visitada por varios potenciales compradores, que finalmente no pudieron acceder a la vivienda debido a la ocupación irregular de esta persona. El piso ocupado por Marita es un ático-duplex de aproximadamente 140 m2, 4 habitaciones, 3 baños y una terraza de aproximadamente 30 m2. Como pueden observar no es una vivienda básica en la que alguien desesperado se mete para no quedarse en la calle con su familia. Sin duda una vivienda de estas características es la más propicia para poder subarrendar habitaciones con baños independientes y poder sacar una mayor rentabilidad a la ocupación de la vivienda, como así esta sucediendo estos tres últimos años. Por esta vivienda, además de Marita, sus parejas y sus hijos, han convivido decenas de inquilinos que han ido rotando por el piso. En algunas ocasiones esta rotación era de meses y otras de semanas, las llaves de este portal las deben tener decenas de personas. Durante este tiempo han sido varias las ocasiones en las que la propia Marita ha tenido que llamar a la policía para que interviniera en su vivienda para el desalojo de algún inquilino con el que terminaba discutiendo.
    En cuanto a la información que manejan sobre los menores que habitan en ese piso, no es cierto que vivan continuamente ahí. En realidad, pasan algunas temporadas, pero su presencia no es constante, lo puedo asegurar porque cuando están se les ve por la comunidad y se les escucha de forma notable en su casa.
    Entiendo que desde fuera parezca que la situación de esta persona con su descendencia sea precaria, pero cuando compruebas que en lugar de transporte publico se desplaza en VTC, tiene contratada conexión de fibra y dispone de un nivel de vida acomodado, te hace recapacitar sobre si realmente está padeciendo una situación real de precariedad económica.
    En resumen, creo que realmente una persona que lleva el nivel de vida de Marita, ocupa ilegalmente una casa haciendo uso de mafias de ocupación y subarrienda habitaciones para su lucro, no es una persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Creo que también se debería tener en cuenta que desde la ocupación de esta vivienda los problemas de convivencia son evidentes con un intenso trasiego de personas extrañas, suciedad en las zonas comunes, ruidos a deshoras y una percepción de inseguridad importante para toda la comunidad.

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