El partido independiente Unión por Leganés (ULEG) ha propuesto varias alegaciones a la ‘Ordenanza reguladora de concesión de prestaciones sociales de carácter económico’ entre las que se encuentra subir las «cuantías» al menos un 15%, ya que son «claramente insuficientes».

En este punto, la formación considera que «con las actuales cifras de inflación han quedado aún más disminuidas en términos de poder adquisitivo real», por lo que aboga por una actualización de las mismas «con un aumento de al menos un 15% para cada una de esas cuantías».

En cuanto al proceso, ULEG propone la habilitación de «algún procedimiento donde haya una coordinación entre Intervención y el área de Servicios Sociales para asegurar el buen fin de la prestación social a otorgar» y eliminar los «cuellos de botella» que se suelen generar en estos procedimientos.

Además, la formación independiente ha pedido que se incluya una disposición adicional para abordar con urgencia casos de «circunstancias especiales». Y es que, según ULEG, «en ningún momento en la ordenanza se garantiza o se atisba a comprender cómo se asegurará que se atienda la emergencia con la celeridad que requiere la situación».

Una voluntaria de Protección Civil en el reparto de alimentos del Ayuntamiento.

Ayuda de emergencia

«Nada se refleja o si lo hace no queda nada claro sobre cuándo, cómo y de qué manera se va a lograr que precisamente la ayuda de emergencia atienda a la perentoriedad que la propia expresión y la necesidad vital exige», detalla.

En cuanto a los plazos, los independientes quieren que se garantice «una respuesta ágil de la administración y una satisfacción básica en términos de justicia para el administrado», de tal manera que cualquier petición de los ciudadanos sea contestada. «Si esto no sucede en los siguientes dos meses se entenderá estimada la solicitud por silencio positivo», argumenta ULEG.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado diciembre la nueva ordenanza para la concesión de prestaciones sociales de la concejalía de Servicios Sociales, una norma que eliminó los «problemas interpretativos» que propiciaba la anterior normativa y que permitió amoldarse a la «realidad social» con nuevas categorías de ayudas.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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