Tras un informe de la funcionaria titular de Apoyo a la Junta de Gobierno local, donde alerta sobre este procedimiento
LEGANÉS / 20 NOVIEMBRE 2018 / El portavoz de Unión por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, ha asegurado este martes que su Grupo llevará a la Fiscalía de Getafe-Leganés y al Tribunal de Cuentas el informe de la titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno local sobre los pagos de facturas de contrataciones “verbales” de servicios a través de convalidaciones de crédito y modificaciones presupuestarias.
En un escrito remitido al alcalde, Santiago Llorente, así como al resto de concejales delegados y Directores Generales, la funcionaria habilitada nacional advierte de que estas contrataciones verbales contravienen lo que establece la Ley de Contratos y, por lo tanto, “se incurre en causa de nulidad de pleno derecho”.
Se trata de una “advertencia” por el abono de facturas a empresas que prestan servicios en Leganés presuntamente sin contrato de adjudicación. Según ULEG, hasta la fecha hay abonados mediante este mecanismo unos 3 millones de euros y, para finales de año, se prevé que a través de convalidaciones de crédito de la concejalía de Hacienda se hayan abonado unas mil facturas.
Excepciones
Delgado ha recordado que este método -que la ley contempla bajo criterios de excepcionalidad y para casos “muy puntuales- “impide sacar a concurso las adjudicaciones” y supone “blindar a determinadas empresas”, lo que iría en contra de la “libre concurrencia”.
En este punto, el edil Carlos Aranzana ha señalado que todas las empresas que prestar servicios de limpieza en el municipio lo hacen sin contrato por un montante anual de unos 10 millones.
En algunos casos, como en el de la firma que gestiona el cobro de multas, el contrato expiró hace diez años, en 2008.
Sentencia condenatoria
Por otro lado, Delgado ha asegurado que el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación del Ayuntamiento por el asunto de una expropiación en la avenida de los Pinos, lo que obligará al Ayuntamiento a desembolsar 10 millones de euros (7 millones de principal y otros 3 en concepto de intereses).
El portavoz independiente ha recordado que el caso alude a una expropiación mal realizada en el pasado que, ahora, por “una mala defensa y gestión”, las arcas públicas deberán desembolsar ese montante.
