El círculo de Podemos Leganés ha anunciado que propondrá que el Ayuntamiento adquiera hasta 80 viviendas en el mercado privado durante la próxima Legislatura -a razón de 20 al año- para dedicarlas a alquileres sociales. Es una de las medidas que contempla el ‘Contrato social’ de la formación de cara al próximo mandato, un documento que aglutina todas las necesidades detectadas en el municipio y que se aplicará en caso de que gobierne tras las elecciones del próximo año.
En este sentido, las ediles Gema Gil y Pepa Macías han presentado el ‘plan’ que propone varias medidas de corte social, entre ellas, varias vinculadas a la vivienda. El objetivo de adquirir estas viviendas adquiridas en varios enclaves es evitar una «concentración» de pisos destinados a población vulnerable, para evitar la formación de «guetos».
La propuesta llega después de que el alcalde, Santiago Llorente, haya anunciado que se paraliza el plan municipal de vivienda en alquiler -que contemplaba 300 de unas 668 de nueva construcción- debido a que el incremento de precios en la construcción hace «inviable» el proyecto, según argumentó el regidor.
En este punto, la edil ha definido este proyecto como «un paripé» del Gobierno local. «Nos imaginábamos que no se construirían», ha señalado.
Vivienda vacía
Así, ante la falta de vivienda para uso social, desde Podemos consideran que en la localidad hay suficiente vivienda vacía en el mercado de segunda mano, y que si no se toman medidas «es porque el Ayuntamiento no quiere», según han expuesto tras apelar a los 67 millones de remanente positivo que hay en las arcas municipales.
Así las cosas, Podemos prevé también poner en marcha la Oficina de asesoramiento de vivienda para jóvenes, así como presupuestar dos millones de euros para ayudas a ascensores, rehabilitación, eficiencia energética y ‘tejados verdes‘. Además, se compromete a «sacar a concurso» las ideas vecinales para proyectos de rehabilitación en los barrios de San Nicasio, La Fortuna y Centro.
Por otro lado, al hilo de los desahucios en viviendas de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE), las responsables de Podemos han asegurado que no se les ha informado en el Consejo de Administración de la compañía de «dos posibles desahucios más», por lo que han cuestionado nuevamente la «falta de transparencia».
En cuanto a su ‘Contrato social’, el documento recoge igualmente una auditoría de los servicios públicos municipales y de aquellos que están externalizados. Además, propone un «estudio de viabilidad» del sistema de recogida neumática de basura de Zarzaquemada, suspendido temporalmente por el elevado coste de las reparaciones.
Aunque el proyecto de la formación ‘morada’ no está cuantificado económicamente, Macías y Gil han precisado que, en ningún caso, su coste excederá de los 67 millones de remanente que hay en el Ayuntamiento leganense.
Respuesta al alcalde
Las responsables del círculo leganense han respondido también a las declaraciones «desafortunadas» del alcalde cuando, la pasada semana, responsabilizó a la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (FLAV) de provocar el retraso en la aplicación de una modificación presupuestaria de 12 millones para pagar a proveedores y habilitar el centro de refugiados ucranianos al presentar alegaciones.
El primer edil aseveró que estas alegaciones retrasarán otras tres semanas los pagos y vinculó la actividad «política» de la Federación con Podemos, por vínculos familiares. En este punto, la concejala Pepa Macías ha acusado a Llorente de «pretender quitar derechos a los vecinos».
«Las alegaciones son un derecho», ha precisado tras asegurar que es normal que Podemos tenga vínculos desde un inicio con los colectivos vecinales y sociales de la localidad, de los que se nutre.
