El PP de Leganés ha informado de que el Ayuntamiento de Leganés ha perdido la totalidad de una ayuda de 311.372,54 euros que concede la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid destinada a cumplir la Ley de
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (LOPIVI).

Según los ‘populares’, la «ausencia de programas» impulsados por el Gobierno local (PSOE y Ciudadanos) que «justificasen la recepción de dicha ayuda» ha forzado a su
concejalía de Asuntos Sociales a la devolución de la cantidad antes mencionada.

Fuente del PP han informado de que, con esta Ley, «se busca que los profesionales en contacto con niños y jóvenes adquieran las nociones fundamentales del concepto de violencia contra la infancia», así como la adquisición de «conocimientos metodológicos».

Según el PP, con la devolución de esta ayuda, en Leganés, los profesionales en contacto con los más pequeños -docentes, profesores de música o de idiomas o monitores deportivos- «no tendrán acceso a una formación que le ayudaría a detectar, por ejemplo, a través del comportamiento, si un alumno está siendo objeto de violencia en su entorno familiar o en cualquier otro ámbito».

De igual forma, niños y adolescentes reciben formación para no sentirse cohibidos por
vergüenza o por miedo
a la hora de verbalizar ante los adultos si están sufriendo cualquier tipo de violencia.

Sin atender a la Ley

«Tenemos una ley en vigor que protege niños y jóvenes contra la violencia; tenemos un gobierno, el de la Comunidad de Madrid, que dota de fondos a los ayuntamientos para que esta ley se cumpla y ejecute, más de 300.000 euros en el caso de Leganés; y tenemos un alcalde socialista que hace caso omiso a esta Ley y que pierde recursos económicos para Leganés un día sí y otro también», ha declarado el portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco.

Varios niños en el patio de su colegio (Foto: Ep)

La Vicerrectora de la Universidad de Comillas y miembro de la ‘Cátedra Santander’ de Derechos del Niño, Clara Martínez García, ya advirtió en su día de que “esta Ley recoge el enfoque de derechos y otorga prioridad absoluta a la prevención, y donde primero hay que hacerla es en el ámbito municipal».

Respuesta del Ayuntamiento

Por su lado, la concejala de Servicios Sociales de Leganés, Pilar Cano, ha acusado al Gobierno regional de «estar engañando a los madrileños, al ofrecer este recurso sabiendo que para los Ayuntamientos es imposible acometerlo en el plazo otorgado».

Según ha explicado, la Comunidad de Madrid ofreció este convenio al Ayuntamiento el 15 de julio, «otorgando tan solo un plazo de 20 días (hasta el 5 de agosto) para poder preparar los recursos necesarios para su utilización».

La Comunidad de Madrid exigía al Ayuntamiento costear el 30% de los gastos de personal  y el 50% de los gastos de gestión de actividades y formación. Para asumir estos costes, el Ayuntamiento necesita realizar una modificación presupuestaria que debe aprobarse en el Pleno municipal, algo que, según la edil, «administrativamente es imposible llevar a cabo en un plazo de 20 días».

La edil solicitó a la Comunidad la posibilidad de trasladar este Convenio a 2023 para poder suscribirlo desde el Ayuntamiento, propuesta que la Comunidad denegó.

«La Comunidad de Madrid impidió al Ayuntamiento emplear estos recursos en el año 2023″, ha sentenciado Cano, quien ha destacado «la imposibilidad de poder aceptar la Adenda al Convenio de colaboración para el desarrollo de la Atención Social Primaria, algo que le ha ocurrido también a varios Ayuntamientos madrileños, no solo a Leganés».

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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