La incertidumbre ha acabado: finalmente, el Ayuntamiento ha encontrado una solución para poder dar viabilidad económica a las 136 viviendas públicas en régimen de propiedad que tenía en vilo a otras tantas familias tras adjudicarse estos pisos en sorteo público el pasado mes de junio.
El Gobierno local (PP y Unión por Leganés) ha logrado los votos necesarios en el Pleno de este lunes para que el Ayuntamiento ceda unos 6,5 millones de euros a la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) para poder tener financiación para construir estos pisos (Las dos promociones de vivienda en alquiler no tienen ningún problema).
El problema, según ha explicado el presidente del Pleno y de EMSULE, Javier Oporto, es claro: la promoción tiene dos certificaciones de obras por pagar (unos 2 millones), y mantiene un déficit de otros 3 millones. ¿Por qué? Porque se iniciaron las obras en mayo «sin tener garantizada la financiación«. Esto ha impedido a los bancos ofertar propuestas para cerrar las hipotecas. En este sentido, la cesión del dinero a EMSULE ‘saneará’ la situación puesto que, aparte de abonar el déficit, habrá dinero para las próximas certificaciones de obras.
La izquierda cree que hay «chantaje»
Durante el debate, Podemos-IU y Más Madrid han acusado al gobierno de intentar «chantajear» a la oposición (para «condicionar» su voto) y a los adjudicatarios: «O se aprueba esta modificación presupuestaria o no se hacen las viviendas», ha señalado Carlos Poblete, portavoz de Más Madrid.
En la misma línea, la portavoz de Podemos-IU, Alba Pulido, ha hecho alusión en varias ocasiones a la película de ‘El padrino’ para definir la situación. Desde el Gobierno local, Carlos Delgado, portavoz de ULEG y vicealcalde, ha asegurado que el «chantaje» se estaba realizando desde la oposición por «bloquear» estos expedientes.
Mientras, desde Vox, su portavoz, Beatriz Tejero, ha apuntado a la escasa información que detallan los expedientes e informes técnicos. Ante ello, Delgado ha recordado que todos cuentan con el aval del secretario general y de la Intervención municipal, así como con el de los técnicos de EMSULE.
«Los informes están suficientemente detallados. Que se pueden hacer con más detalle, seguro, pero son lo suficientemente concisos como para tomar una decisión», ha señalado el vicealcalde.
Finalmente, la propuesta ha prosperado con el voto a favor del PP y ULEG, la abstención de la portavoz de Podemos-IU, y de los ediles de Vox y de Más Madrid, y el voto en contra del PSOE y el edil de Podemos-IU Óscar García.
Investigación al alcalde
En este sentido, la portavoz del PSOE, Laura Oliva, ha justificado que su Grupo no será «cómplice» de la gestión en EMSULE tras conocerse que un juzgado de Leganés investigará la gestión del alcalde, Miguel Ángel Recuenco, cuando fue presidente de la empresa pública hace ocho años y tras las denuncias presentadas hace unos meses por el PSOE.
«Hemos conocido hechos muy graves, que investigó el TSJM. Es la segunda vez que los tribunales investigan a este señor», ha dicho tras leer en Pleno lo que argumenta el juzgado al incoar «diligencias previas» para investigar los presuntos «delitos de prevaricación, malversación y administración desleal contra usted» y el anterior gestor de EMSULE, Manuel Martí.
Por su parte, Delgado ha anunciado la celebración de un comisión de investigación en EMSULE para indagar en la posibilidad de que el PSOE montase «expediente judiciales» a tres meses de las elecciones del pasado mayo, durante el pasado mandato en que gobernó, para ‘manchar’ una gestión que ocurrió «hace 8 años».
El auto del juzgado
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Leganés ha abierto diligencias previas para investigar la gestión del actual alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), cuando era concejal de Urbanismo y presidente de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) por los delitos de prevaricación, malversación y administración desleal.
La denuncia, fechada el pasado día 6, se inició desde EMSULE el pasado mandato cuando estaba regentada por el PSOE, que decidió interponer dos querellas contra Recuenco.
El juzgado considera que los hechos «revisten los caracteres de un presunto delito de prevaricación, malversación y administración desleal», por lo que argumenta que «es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado».
Tras ello, insta a EMSULE a remitir al juzgado «los expedientes completos de los contratos de conservación y mantenimiento» para los ejercicios de 2013 a 2015 con «las empresas Obras y Urbanizaciones Victoria SL y Urbanizaciones Valdenorte SL», en el marco del convenio entre EMSULE y la Junta de Compensación del P.P.3.
Además, requiere la «certificación comprensiva de los pagos efectuados» a estos contratistas, así como «de las cantidades totales abonadas por presentación de los servicios» realizados.
Por último requiere los «expedientes completos de contratación de construcción» de dos parcelas celebrados con ‘Ogensa’. La denuncia consideraba que la gestión podría haber ocasionado «perjuicios económicos» a la empresa pública por los retrasos y encarecimientos en la construcción de dos promociones de viviendas públicas en Poza del Agua (Plan Parcial 5), mientras era presidente de la entidad entre 2011 y 2015.
Esta querella se interpuso «en base a la liquidación del contrato de obras de dos promociones de viviendas en el PP5 que ejecutó la constructora Ogensa», que habría hecho unas reclamaciones que habrían supuesto un «perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones».
El auto recoge la posibilidad de interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días contra esta resolución o recurso de apelación directo en cinco días.
