El alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), ha anunciado este jueves en rueda de prensa que la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) podría ampliar la querella por malversación y prevaricación continuada en el ámbito de las viviendas construidas en 2011/15 en Poza del Agua para incluir a otras dos constructoras que habrían recurrido a la fórmula del laudo arbitral para reclamar a la Empresa del Suelo y obtener un aumento de las cantidades presupuestadas y a precio cerrado.
El alcalde ha confirmado en rueda de prensa que EMSULE ha presentado una segunda querella contra el portavoz y candidato del PP, Miguel Ángel Recuenco, al considerarle a él y al gerente en aquella época, Manuel Martí, responsables de unos supuestos perjuicios a la empresa pública por importe de unos 2,7 millones de euros.
Llorente ha desgranado ante los medios de comunicación los argumentos de la querella. Así, según ha explicado, en el caso del Plan Parcial 5, la constructora ‘Ogensa’ habría reclamado unas cantidades a EMSULE por retraso en el inicio de obras y por un sobrecoste en los materiales. Al no haber acuerdo, se habría recurrido a un laudo arbitral, y es aquí, donde el informe jurídico encargado a un bufete externo, alerta de “sospechas”, según Llorente.
Los peritos designados -tanto por la empresa pública como por la constructora- habrían favorecido a ‘Ogensa’ en sus reivindicaciones, hecho que se ve agravado, según el regidor, porque ambos peritos habrían tenido relación laboral con anterioridad. “Es una cosa sorprendente y sospechosa”, ha apostillado al respecto.
Este mecanismo, y con el mismo resultado para EMSULE, se produjo con otras dos empresas constructoras que levantaron pisos públicos en Poza del Agua. Una cuarta recurrió a los tribunales de lo Contencioso-administrativo y recibió una indemnización “sustancialmente inferior” a la que recibieron las que participaron en el laudo. De ello, deduce que se produjo un “perjuicio económico” para la Empresa del Suelo.
Llorente no se ha pronunciado sobre una presunta trama para ‘esquilmar’ a la empresa pública y ha admitido que el laudo arbitral es una fórmula “legal”. En este sentido, ha detallado que, de momento, se ha denunciado la “liquidación de un contrato en 2014-15”, ya que, a su juicio, “se ha pagado diez veces más del contrato original”.
En este punto, ha remarcado que, según los informes, la designación de los peritos se realizó sin contrato y sin informar al Consejo de Administración de EMSULE. “Se han saltado todos los órganos de contratación”, ha esbozado.
El vicealcalde de Leganés, Enrique Morago (Cs), ha justificado que se adopten las medidas ahora -ocho años después de suceder- porque “son cuestiones muy largas”, al tiempo que ha informado de que él tiene por costumbre leerse “siempre todos los papeles”.
Recuenco se reafirma
Por su parte, Miguel Ángel Recuenco se ha reafirmado en que se le acusa de “un contrato de ejecución mal hecho que se realizó en 2010“, cuando no era componente de la Corporación municipal y “Llorente sí era miembro del consejo de Administración que adjudicó esas obras y que establecía que había que someterse al arbitraje”.
En cuanto a las dudas que generó la designación de los peritos, Recuenco ha manifestado que el perito que hizo el informe para establecer el laudo fue contratado por Llorente cuando accedió a la presidencia de EMSULE. Además, tras recordar que el laudo tiene “la misma validez que una sentencia”, ha señalado que “las cuantías se pagaron cuando Llorente era ya alcalde”.
Querellas no electoralistas
Mientras, Llorente ha desmentido que las dos querellas tengan un componente electoralista ante la proximidad de los comicios de mayo. “No hay ninguna intención política. No buscamos rentabilidad política”, ha precisado al respecto.
Así, ha remarcado que, tras los informes jurídicos externos sobre el Plan Parcial 5 y el Plan Parcial 3 (éste por adjudicación de contratos por más de un millón de euros a las mimas personas), no “podían hacer otra cosa” que interponer las querellas “en defensa de los intereses de los leganenses”.
En cuanto a la querella por malversación que ha anunciado el portavoz del PP contra él y varios consejeros de EMSULE por abonar con “dinero público” la contratación de los informes jurídicos, el primer edil ha manifestado que le parece “extraño” que haya gente que se preocupe por un gasto de 17.000 euros pero no por los 2 millones de perjuicio que ha tenido supuestamente la empresa pública.
Por su lado, el portavoz de Leganemos, Fran Muñoz, ha asegurado que los hechos denunciados son “extremadamente graves” al no llevarse al consejo de Administración las denuncias de las empresas solicitando sobrecostes, ni la contratación de árbitros que, a posteriori, se ha demostrado que “tenían vínculos profesionales”. “Se han perdido millones de euros que podían haberse destinado a la compra de vivienda de segunda mano”, ha esbozado.
Además, Muñoz ha criticado el “silencio” de la oposición en aquella época, en alusión al portavoz de ULEG, Carlos Delgado, al que la querella del Plan Parcial 5 cita a declarar como testigo.
