El Pleno del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado este lunes la primera de las sentencias condenatorias pendientes, por un montante de 45.000 euros correspondientes a intereses de una causa, tras las advertencias del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que ha amenazado a la Corporación local con exigir «responsabilidad penal» e imponer multas coercitivas si proseguían los impagos.
La sentencia corresponde a los intereses que se le adeudan a la empresa Harado de Construcciones y Asistencia Técnica SL por importe de 45.404 euros.
Se trata de una cantidad irrisoria en comparación con los 3,6 millones de euros que se adeudan desde el Ayuntamiento en sentencias a varias empresas. Entre las cantidades reclamadas están, por ejemplo, los 2,7 millones a Cadema Informática SL por un justiprecio relativo a una expropiación de la que resulta beneficiario el Ayuntamiento de Leganés.
Según fuentes municipales, existe sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmando la valoración, así como una demanda contencioso administrativa contra la inactividad de esta administración por inejecución de la resolución firme de 24 de octubre de 2019 del Jurado Territorial de expropiación, confirmada en reposición el 21 de enero de 2020.
Otros 398.487 euros corresponden a Realia Patrimonio SLU por intereses de demora con ejecución de títulos judiciales y, por último, hay 16.519 euros que se adeudan a ALD Automotive SA, principal de la deuda, según el auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 22 de Madrid.
Viabilidad al pago
Este lunes el Gobierno local (PP y ULEG) había convocado un pleno urgente para poder dar viabilidad al pago y a la cesión de 6 millones de euros desde el Ayuntamiento a la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) para poder construir las 136 viviendas públicas en régimen de propiedad ya sorteadas.
El Gobierno ha recordado que el pasado 16 de noviembre el juzgado remitió un auto instando al Consistorio a cumplir con la sentencia y proceder al pago bajo la amenaza de adopción de las «medidas oportunas», entre ellas, de carácter de «responsabilidad penal» y «multas coercitivas». «No es entendible por nadie lo que está pasando», ha recordado el Ejecutivo, con consiguiente «daño a los intereses de todos».
Desde la oposición, la portavoz del PSOE, Laura Oliva, ha asegurado que, «por fin» en los últimos meses «este gobierno ha traído un expediente bien conformado, sin tachones y sin repaginarlo», lo que ha llevado al Grupo a no oponerse.
